Medio: El Financiero Costa Rica
Reportero: CARLOS CORDERO PÉREZ

Únicamente 29 títulos habilitantes o concesiones de frecuencias (18%) tienen el trámite de adecuación concluido, de los 170 casos identificados por el Viceministerio de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

La adecuación es el procedimiento ordenado por la Ley General de Telecomunicaciones del 2008, para que los concesionarios de frecuencias existentes en ese momento informaran de las bandas asignadas y el uso que le daban. Luego, el Poder Ejecutivo ajustaba la concesión.

Entre los 141 pendientes están títulos en análisis, en proceso de anulación del acto de concesión (lesividad), en tribunales (por recursos de los concesionarios), en proceso de extinción o de reasignación de la frecuencia.

Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones , justificó que la tarea implicó desde establecer las fases, requisitos y procedimientos necesarios hasta revisar y ajustar las concesiones a los usos, servicios y condiciones técnicas de operación dispuestas por el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).

“Al día de hoy el Viceministerio de Telecomunicaciones no ha contado con el personal humano suficiente para cumplir en tiempo y forma con los trámites de adecuaciones indicados en las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, aunado a la atención del alto volumen de trámites y temas de interés nacional que deben ser resueltos con extrema urgencia”, argumentó Estrada.

En el 2012 la Contraloría General de la República emitió un informe en el que enumeraba los problemas existentes en este proceso, incluida la falta de información confiable y completa sobre las concesiones, falta coordinación y la colaboración entre la rectoría y el regulador, e incumplimiento de concesionarios a la hora de brindar la información.

La Contraloría le daba al Poder Ejecutivo y a la Sutel hasta febrero de 2018 para identificar los casos que requerían adecuación y hasta julio del 2019 para resolverlas.

Este informe reconocía que la falta de información completa y confiable sobre las frecuencias era causada por la deficiente gestión de ese recurso antes del 2009, que estuvo a cargo de la Oficina de Radio, antes adscrita al Ministerio de Gobernación.

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