Es lamentable que el contenido del nuevo Código penal hubiese sido aprobado sin un análisis responsable ni previo conocimiento de la ciudadanía. Inclusive se ha evitado su difusión pública después de aprobada la norma, con la demora en su promulgación, e inclusión en la gaceta oficial. Ahora, cuando el texto del Código apareció en algunos medios de comunicación han surgido los reclamos, protestas, temores y pedidos de revocatoria de este instrumento legal tan polémico que desató, primero la huelga médica que demandaba el cambio de algunos artículos atentatorios a ese sector, y ahora el reclamo de diversos sectores afectados directamente.
Pero este Código va más allá de afectar a unos cuantos sectores. Atenta principios establecidos en la Constitución Política del Estado y derechos universales contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las libertades ciudadanas y los derechos democráticos quedan cercenados con ese instrumento jurídico. Es el caso del derecho ciudadano a expresar sus ideas libremente por cualquier medio de comunicación, que queda coartado por tres artículos del nuevo Código Penal, vulnerando la Ley de Imprenta.
Una agencia nacional difundió un análisis de la abogada, Paola Cortes, que puso como ejemplo el caso de una persona que se sienta agredida en su dignidad, la norma considera como fuero inmediato a un tribunal ordinario. Se trata de los artículos 309, 310 y 311 sobre injuria, calumnia y difamación, respectivamente, que incluyen a los medios de comunicación en la difusión.
En estos tres casos, el nuevo Código establece que “La sanción será agravada a multa sancionadora de cien (100) a doscientos cincuenta (250) días, reparación económica y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima, si la difamación se comete mediante un medio de comunicación o difusión masiva. Igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la difamación inferida por otro”.
Ya algunas organizaciones que agrupan a los medios de comunicación, a periodistas y trabajadores de la prensa, alertaron sobre los riesgos que implica la nueva norma. El comité ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunció que se incluye a los medios de comunicación en el texto penal y el artículo 195 (delitos contra la libertad de expresión de prensa) relativo a la “revelación de secretos”, vulnerando le Ley de Imprenta y la misma Constitución Política del Estado. «No permitiremos bajo ningún pretexto acciones que afectarían directamente a las libertades y principios en los que se rige la prensa nacional», señala el comunicado.
Los dirigentes de las organizaciones de transporte pesado anunciaron un paro y bloqueo de carreteras demandando la revocatoria del nuevo Código penal. Algo similar hicieron los que transportan y distribuyen combustibles, hecho que ya generó escasez de gasolina y diesel. En Potosí el Comité cívico determinó paro de actividades y medidas de presión, así como en Santa Cruz y otras ciudades.
Inclusive la organización denominada “Asambleas de Dios de Bolivia” que agrupa a varias iglesias cristianas, declararon estado de emergencia nacional por algunos artículos del Código de Sistema Penal que fueron identificados como atentatorios al ejercicio de su labor por la ambigüedad e imprecisión de sus contenidos. Instruyó a sus líderes leer los artículos 137 (homicidio), 157 (aborto) y 205 (mala praxis) del Código Penal, pero especialmente el Art. 88 que pondría restricciones y sanciones hasta “el punto que no podríamos ganar vidas de manera directa”.
Este artículo, establece prisión de 7 a 12 años a la persona que por si reclute personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto», según dispone el numeral 11. Advierte que también habría restricciones y sanciones por realizar actividades grupales. “Nos encontramos en emergencia. La situación por lo visto es gravísima”, dice un pronunciamiento que instruye realizar cadenas de ayuno, campañas de oración y si es posible realizar cultos de oración en cada iglesia.
No es susceptibilidad de unos cuantos sectores, son muchos los pedidos por que se revise o se deje sin efecto. Ya en este momento se trata de una demanda nacional por la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal, que no solamente atenta contra la CPE, sino contra tratados internacionales de los que el Estado de Bolivia es signatario, y porque vulnera principios innegociables de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Medio: Jornada Net
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