El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) informó que solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un concepto sobre las condiciones de competencia en relación con el proceso de subasta de la banda de espectro de 700 MHz, la más codiciada por los operadores móviles del país, para poder ampliar el despliegue de los servicios de cuarta generación o 4G. (Lea: ¿De qué depende ahora que sus llamadas e internet se caigan menos?).
El asunto es un poco técnico, pero de mucha importancia. Hay que empezar explicando que el espectro radioeléctrico, la autopista invisible por donde viajan las telecomunicaciones, se puede dividir en dos grandes grupos: las bandas bajas y las bandas altas. Tener presencia en las primeras permite a los operadores ofrecer gran cobertura, mientras que las segundas ofrecen gran velocidad. (Lea: La subasta que genera discordia en el sector TIC).
La banda de 700 MHz, que es una banda baja, es la más apetecida porque combina lo mejor de los dos mundos: permite gran cobertura y altas velocidades.
Asimismo, en cada grupo hay topes establecidos, es decir, una cantidad máxima de espectro que los operadores puedan tener, con el fin de que no tengan ventajas competitivas con respecto a los demás jugadores del mercado. Hoy, en las bandas bajas el tope es de 30 MHz y los dos principales operadores del país, Claro y Movistar, tienen presencia allí, con 25 MHz cada uno.
La propuesta del Mintic, que ahora revisará la SIC, es subir ese tope a 45 MHz y a 90 MHz en las bandas altas (mayores a 1GHz). Actualmente, en estas últimas, el máximo es 85 MHz y tienen presencia operadores como Tigo Une, Directv, ETB y Avantel, además de Claro y Movistar. “Se busca que todos los agentes interesados tengan la posibilidad de acceder al espectro a subastar, sobre el cual se ampliará la cobertura de los servicios de banda ancha”, dijo el Mintic.
Aumentar los topes ha generado la oposición de Tigo, pues su fusión con Une en 2014 se vio condicionada a devolver el espectro que, al juntar ambas compañías, superaba los máximos establecidos. En diálogo con El Espectador, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Une, manifestó su descontento en febrero pasado: “Nos tocó devolver 50 MHz. Durante dos años hemos trabajado para devolver al Gobierno ese espectro, hemos tenido que mover usuarios y cambiar servicios, y no nos parece justo que habiendo terminado ese proceso se suban los topes. Es muy difícil de digerir y aceptar”.
Por su parte, Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia (Claro) y vicepresidente ejecutivo de relaciones internacionales de América Móvil, ha expresado: “La subasta de espectro debe buscar condiciones e incentivos de inversión que continúen promoviendo altos beneficios a los usuarios”. Sobre el aplazamiento de la subasta Archila sostuvo este jueves que: “Condenas como la reversión de activos y las excesivas cargas e intervención regulatoria en el sector, han debilitado la salud financiera de las compañías de telecomunicaciones y han minado las posibilidades de inversión que se requiere, por ejemplo, para esta subasta”. (Para mayor información sobre la condena de reversión lea: La maldición de la cláusula 33 en la pelea entre Claro, Movistar y el Estado).
Y voceros de Telefónica Movistar han afirmado: “Sin perjuicio de los comentarios que presentemos en la discusión de las condiciones del proceso de asignación de espectro, es fundamental que previamente se hayan expedido medidas para controlar la dominancia en el mercado móvil, situación advertida por la propia Comisión de Regulación de Comunicaciones. De lo contrario, se pondría un recurso escaso en un mercado que no tiene al menos condiciones regulatorias que corrijan una situación de concentración”.
La última subasta de espectro que se realizó en el país fue en 2013 y le dejó a la Nación ingresos por $700.000 millones. Desde entonces se ha hablado de la necesidad de entregar la banda de 700 MHz lo antes posible para no frenar el desarrollo tecnológico de Colombia.
Por lo pronto es seguro que el proceso no se llevará a cabo este año, mientras la SIC da su concepto y el Ministerio termina de revisar los comentarios que los interesados hicieron a los borradores que fueron publicados a comienzos de año.
Así, las nuevas adjudicaciones de espectro se conocerían en 2018. Es decir, coincidirían con la coyuntura electoral y con la discusión de una nueva ley sectorial que busca crear un regulador convergente y depositar las funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión en una sola entidad. Pero además, con un entorno de descontento en la industria, no sólo por los cambios en los topes -en el caso de Tigo Une- sino por lo que denominan falta de seguridad jurídica y de confianza inversionista, a raíz de las recientes decisiones de los tribunales -en el caso de Claro-. Con eso en mente, la expectativa del sector de que las condiciones para hacer la subasta estén dadas tan pronto como sea posible se rodea de varias incertidumbres.
Medio: El espectador
