Medio: El Espectador
Tras las pérdidas de los últimos meses y la exigencia de Mintic para que Claro y Movistar le paguen 4,7 millones, el futuro de la industria solo mejorará si hay una estabilidad jurídica, afirma el gremio.
Luego de que un Tribunal de Arbitramiento resolviera que los operadores Claro y Movistar deberán pagar a la Nación cerca de $4,7 billones, mientras esta industria no se encuentra en su mejor momento, pues en los últimos 18 meses ha registrado pérdidas, la asociación de la industria de telecomunicaciones Asomóvil mostró su preocupación y manifestó la necesidad de buscar alternativas que permitan dar respuesta a esta “crisis”.
Según la presidenta del gremio, Nancy Patricia Gutiérrez, “el sector requiere estabilidad jurídica, reglas de juego claras y una regulación acorde con las necesidades de la economía digital que se impone a nivel mundial, de manera que se garanticen las inversiones de mediano y largo plazo, fundamentales para la llegada de nuevas herramientas que requieren mayor velocidad, calidad y cobertura”.
Gutiérrez, en nombre de Asomóvil, sentó esa posición a propósito de la condena contra Claro y Movistar por la denominada reversión de activos, cuyos recursos serán invertidos en la industria en los próximos 20 años, según el Mintic.
Asomóvil también se pronunció públicamente a causa de la devolución de espectro radioeléctrico a la que se vio obligado el operador Tigo, luego de su fusión con Une. Ese requisito se impuso en virtud de los topes de espectro establecidos, y que, en el marco de la próxima subasta de la banda de 700 MHz, se modificarían, lo que Tigo Une ha señalado como injusto.
Claro y Movistar, por su parte, deberán pagar la millonaria suma por concepto de unos contratos que el Ministerio de Comunicaciones (ahora Mintic) firmó con las empresas privadas hace 23 años para que desplegaran la comunicación celular en el país, con la condición de que devolvieran al Estado la infraestructura que utilizaron por prestar el servicio celular. En vista de que la reversión en físico no es técnicamente posible, el tribunal condenó a los operadores a pagar en dinero.
La cifra de $4,7 billones puede aumentar, ya que desde 2013 hasta la fecha Claro y Movistar no han pagado el “arriendo” a la Nación por utilizar la infraestructura necesaria para prestar su servicio celular. Según el Mintic, “la condena del Tribunal de Arbitramento no contempla el valor del arriendo definido desde la terminación de los contratos hasta la fecha del laudo. Mintic cuenta con seis meses para establecerla, a partir de la terminación del proceso”.
Frente a la coyuntura, que para Asomóvil pone en riesgo la inversión en el sector, Gutierrez afirmó: “La industria requiere en este momento de crisis el diálogo constructivo para llegar a soluciones integrales que den respuesta a esta crisis, que reactiven el crecimiento de la industria a través de medidas anti cíclicas y que promuevan la inversión”.
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