Hace poco más de un mes el Senado logró un triunfo para la ciudadanía al interponer y lograr la acción de inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de los derechos de las audiencias, moción que fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello se suspendieron las reformas del 31 de octubre de 2017, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Este hecho da un respiro a los derechos ganados por el público de medios pero la lucha y denuncia no son, ni han sido fáciles. Ha mediado la resistencia de la organización civil y se ha expresado fielmente en el recuento de lo que significa este atentado contra la voz y voto de las audiencias de los medios.
En ese escenario, el papel de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias ha sido vital y punto clave para visibilizar las acciones retrógradas y parciales de medidas legales de este tipo. Incluso se inició una petición en la plataforma Change.org para sumar y convocar fuerzas que ven y están por los derechos del público de medios versus los intereses estrictamente económicos de los concesionarios.
Parte de los argumentos expresados y firmados por la ciudadanía son claros en relación a lo que representan estas modificaciones a la ley de telecomunicaciones, tanto que finalmente se logró la inconstitucionalidad, pero que son apenas una de las muchas acciones que deben continuar para garantizar y preservar parte de los logros alcanzados en el tema.
La carta publicada en esta plataforma expresa de forma sencilla los riesgos y alcances de esta reforma en la materia y que vale la pena reproducir para puntualizar y recordar lo que está en juego:
“Los derechos de las audiencias son aquellos que tenemos todas y todos quienes vemos y escuchamos televisión y radio, pero que nunca nos han reconocido las grandes televisoras y radiodifusoras.
Por décadas, se ha disfrazado la propaganda presentándola como información y se ha discriminado a las audiencias infantiles y a las personas con discapacidad, entre muchos otros excesos, además de no contar con defensores de las audiencias independientes de los concesionarios, que intentan proteger toda costa sus intereses económicos y políticos. Todo esto cambiaría desde el pasado mes de febrero, gracias a la reforma a las telecomunicaciones que incluyó los derechos de las audiencias en la Constitución y creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) facultándolo para emitir lineamientos que los garantizarían, pero las principales televisoras hicieron que el Congreso cambiara la ley para no verse afectadas en sus negocios y en el poder que buscan mantener en pleno proceso electoral que ya ha iniciado.
En el Senado, la Telebancada conformada por el PRI, el Partido Verde y un grupo de panistas, votaron por enterrar los derechos de las audiencias; sin embargo, los 55 senadores que no votaron o votaron en contra de que esto pasara, hoy tienen la oportunidad de revertir el golpe si presentan una acción de inconstitucionalidad. Para ello, se necesita que dicha acción sea presentada por al menos 43 senadores ante la Suprema Corte de Justicia.
También, el (IFT) puede presentar una controversia constitucional para invalidar la reforma a esta nueva #LeyTelevisa.
Ambas rutas son urgentes, pues quedan menos de tres semanas para que el grupo de senadoras y senadores, así como quienes integran el IFT, promuevan los recursos ante la Corte.”
Finalmente se consiguió se reconociera la acción de inconstitucionalidad pero la historia no termina con esto y en este año electoral habrá sin duda un “conveniente” impasse.
