En seis meses debe modificarse el sistema de telefonía en las cárceles del país y se debe garantizar el servicio de correos para las personas privadas de la libertad.
Las órdenes de la Corte Constitucional para mejorar los sistemas de comunicación en las cárceles se dan por dos casos.
En uno, un preso argumentó que el teléfono dentro del patio dónde está recluido no le sirve, y otro preso, denunció que las cartas que envió por la empresa estatal 472 se perdieron.
La Corte en el primer caso ordena al Inpec y al Ministerio de las TIC que se , “tomen las medidas adecuadas y necesarias para modificar el sistema actual de telefonía y tecnología de manera que en un término máximo de 6 meses se implanten los cambios requeridos”.
Frente a las cartas ordena primero a Servicios Postales 472. Que investigue y encuentre las cartas enviadas por el denunciante y entregue un informe en menos de 60 días explicando las razones sobre por qué se extraviaron.
Pero la Corte va más allá, le solicita al Gobierno Nacional que a través del Ministerio de las TIC en coordinación con el INPEC y en el transcurso de un año, “adecuen un modelo piloto de acceso a internet u otro medio de comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familiares, así como su acceso a la información sobre el mundo exterior, a los programas de educación virtual y al conocimiento sobre el manejo de las nuevas tecnologías”.
