Expertos, representantes del sector privado y Mintic se refieren a los puntos que más llaman la atención sobre la propuesta legislativa que radicó el Gobierno esta semana en el Congreso de la República.
Pocas horas después de que el Mintic radicó el proyecto de ley para crear un único regulador para las comunicaciones, se empiezan a conocer las primeras reacciones de los expertos y jugadores del sector frente a la iniciativa. Se trata de varios puntos que, seguramente, saldrán a relucir durante los cuatro debates que tiene por delante esta propuesta legislativa. (Lea: Con nuevo regulador para las TIC, desaparecería la ANTV).
Lo primero es que sin duda hay consenso sobre que crear un regulador convergente para las TIC -como internet móvil- y para la televisión es acertado, pues en el país cada vez hay más usuarios que ven contenidos audiovisuales desde la red, por ejemplo. El mundo va en esa dirección. “Hoy las comunicaciones son totalmente convergentes, pero la regulación no. Por ejemplo, existe un regulador para Blu Radio y otro para Caracol (televisón). Así que acogimos recomendaciones de la OCDE, Unesco, la industria y académicos, que venían señalando lo importante que es tener un único regulador”, explicó a este diario el ministro TIC, David Luna.
Para Julián Cardona, expresidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) y consultor de telecomunicaciones y TIC, de entrada, es positivo el nombre que se propone para la entidad: Comisión de Comunicaciones, la cual tomaría la funciones de las que hoy son Comisión de Regulación de Comunicación (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que entraría en liquidación. Según Cardona, “las ‘comunicaciones’ es el término sombrilla para cobijar a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información (TIC). En Colombia ha habido un error de llamar TIC a todo, pero hay un área de las telecomunicaciones que no es TIC, sino un complemento”.
Un asunto de identidad
Al explorar más allá del nombre, queda claro que expertos del sector interpretan la naturaleza de la nueva entidad de formas distintas. Para Ómar Rincón, crítico de televisión y director del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, el nuevo ente regularía “solo desde lo tecnológico y se pierde la oportunidad de lo cultural y la producción televisiva”. Sin embargo, Daniel Medina, exministro TIC, lo ve con otra perspectiva.
Medina afirma: “Se parece bastante más a la ANTV que a la CRC, lo cual preocupa”. Explica que se trataría de un regulador que ejercería política en televisión y radio, otorgaría concesiones, definiría pagos y además manejaría los recursos del fondo de la televisión. “La CRC no hace nada de eso, es un regulador más técnico”, agrega.
Desde el sector privado se advierte una suerte de ambigüedad, “en tanto pareciese que quedan dos entidades del Estado realizando funciones de política pública. Consideramos que la definición y ejecución de la política pública en materia de televisión debería quedar en cabeza del Mintic, quien la desarrolla través de los recursos del Fontv (Fondo para el Desarrollo de la Televisión)”, asegura Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta del gremio Asomóvil.
El asunto de la junta
Una de los temas que más han resonado entre actores del sector es la conformación de la junta directiva. Esta estará compuesta por cinco miembros, llamados “comisionados”. Dos serían representantes del presidente de la República y tres serían escogidos por universidades para que representen a la sociedad civil.
Antonio García, presidente nacional de Aciem, sostiene que una de las inquietudes que tiene el gremio es con respecto a la selección de esos comisionados. “Creemos que se debería seguir el esquema que se ha tenido con los actuales comisionados de la CRC, para que no haya influencias políticas. Que sea el presidente quien designa a los cinco comisionados, con nivel técnico e idoneidad”. Pero, así como están las cosas, García cree que la universidad que debería liderar en esa selección es la Universidad Nacional.
En un sentido similar piensa Cardona. Cree que las universidades tienen criterio para seleccionar personas del ámbito académico, pero no que necesariamente tengan experiencia o trayectoria práctica en el sector. “Los reguladores generalmente son de una gran experiencia y conocimiento en el campo específico, sea energético, de telecomunicaciones, de la salud, etc. No se puede improvisar porque el periodo (de cada comisionado) es de seis años. Se puede tardar casi dos años aprendiendo. No se puede desempeñar una función sin bagaje o conocimiento”.
Asomóvil, por su parte, opina que, si bien la regulación debe mantener independencia del Ejecutivo, “no debe ser ajena a los objetivos de política pública de mediano y largo plazo. Por lo tanto, consideramos que, haciendo un símil con la composición de la junta del Banco de la Republica, el ministro y el director del DNP (Departamento Nacional de Planeación) deberían tener voz y no voto en las decisiones de la junta de la nueva comisión”.
El ministro Luna aclaró que los representantes de la sociedad civil “los escoge una universidad, producto de un proceso público que inicia y termina el Mintic”. Agregó que cada una de las tres universidades diferentes escogería a uno de estos tres comisionados, con base en los requisitos que dicta la ley, de ser aprobada. “La sociedad civil son la industria, la academia, cualquier persona que cumpla con los requisitos, y puede participar en un proceso de selección. Si su capacidad académica da los mejores resultados será la persona seleccionada”.
El asunto de los fondos
El proyecto de ley radicado por el Mintic contempla que el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creado en 2012, pasará a manos de la Comisión de Comunicaciones. Con estos recursos, básicamente, se financia la televisión pública. De otro lado, se mantiene el Fontic, cuyos fondos se utilizan para financiar el acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
A ambos fondos aportan las empresas privadas de cada sector (TV y TIC). Sin embargo, el reclamo, durante años, ha sido que esas contraprestaciones se equiparen para poder competir en condiciones más equitativas. Por eso, lo primero que resalta que el Mintic es que existiría “una única tarifa, una contraprestación convergente. Hoy todos (las empresas del sector) aportan diferentes porcentajes sobre sus ingresos. La idea es que exista un único porcentaje para que el sector sea más competitivo”.
Andesco, que agremia empresas como Claro, Telefónica y Directv, cree que eso es positivo, pero que debería pensarse en un único fondo, un fondo convergente, como incluso lo ha propuesto el DNP. “Con un fondo más robusto en recursos se tiene la posibilidad de disminuir la carga tributaria para las empresas, que, así, tendrían recursos para invertir”, asegura Alberto Solano, director de la Cámara de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Televisión de Andesco. Hace énfasis en que la inversión en un sector como este es trascendental, y más teniendo en cuenta que su aporte al PIB ha venido cayendo en los últimos siete trimestres. (Lea: Las angustias del sector TIC).
Aciem espera que la Comisión no intervenga en el manejo de fondos. Mientras tanto, Daniel Medina apunta que no se establece un plazo para la adopción de una tarifa única y cree que las “contraprestaciones altas (hasta ahora) no se han traducido en mayor cobertura, velocidad o calidad a los usuarios. Y, además, ahora las (contraprestaciones) de TIC van a subsidiar la televisión pública”, como, de ser necesario, prevé el artículo 37 del documento radicado.
El asunto ‘Netflix’
El sector de comunicaciones y TIC, pero particularmente la industria de contenidos audiovisuales, han sufrido un revolcón desde la aparición de plataformas como Netflix, conocidas como over-the-top, u OTT, porque funcionan sobre internet. Le llegan al usuario sin la necesidad de hacer grandes inversiones en redes, infraestructura, concesiones, etc., como las que sí tiene que hacer el sector tradicional.
La desigualdad de condiciones que señalan las empresas ha tratado de zanjarse a través de iniciativas como gravar con IVA servicios como Spotify o Netflix, a raíz de la última reforma tributaria. Sin embargo, el ministro Luna es enfático en afirmar que este proyecto de ley en nada se “mete” con estas plataformas ni con los contenidos. “En Colombia existe el principio de neutralidad de red, que no solo no es modificado, sino que es fortalecido (…). ¿Qué pasaría donde el Ejecutivo tuviera control sobre el contenido? Atentaría contra la libre expresión. Este proyecto reitera el ordenamiento colombiano en virtud de sostener y mantener intacto ese principio”.
Pese a que Omar Rincón resalta el hecho de que la iniciativa del Mintic busque regular “la prestación del servicio de televisión con independencia de la tecnología que se utilice para el efecto”, cree que sí “se desaprovechó para legislar sobre servicios OTT”.
El asunto de una Supertic
Un tema que ha revivido alrededor de esta discusión ha sido la necesidad que existe -o no- de crear una superintendencia TIC, para que vigile este sector.
Aciem cree que “sería muy importante para que ejerza las funciones de vigilancia. El crecimiento que está teniendo el sector y el tipo de dinámicas que se dan ahí ameritan que tengamos una superintendencia. El sector como está hoy es apenas un 30% de lo que puede llegar a ser”.
Julián Cardona, expresidente de esa misma entidad, lo pone en otros términos: “Este es el mercado más grande, porque tiene celulares, telefonía fija, en general presta servicios para todos los colombianos, incluso más que el agua y la energía”. Y agrega que hay que tener en cuenta el hecho de que la penetración de líneas celulares ya superó el 100 % de la población colombiana. Es decir, que hay más celulares que habitantes en Colombia.
El ministro Luna respondió a este asunto señalando que la creación de una “Supertic”, en efecto, se ha discutido, pero se ha descartado. “La supervisión de los derechos de los consumidores en Colombia está en la Superintendencia de Industria y Comercio. El fondo TIC, de hecho, le transfiere anualmente alrededor de $4.000 millones para que ella proteja los intereses de los consumidores”. Añadió que el Mintic tiene hoy la vigilancia sobre las concesiones de radio. Con la propuesta en el proyecto de ley, al desaparecer la ANTV, la vigilancia en materia de televisión quedaría también en el Ministerio.
La discusión apenas comienza
Según el ministro David Luna, “esta iniciativa, más allá de la idea o la posición de cada cual, fue discutida con gremios del sector, por lo que hay bastante consenso. Puede que haya diferencias en unas y otras posiciones puntuales, pero estoy seguro de que se pueden llegar a resolver en las discusiones que adelantaremos”. Este proyecto de ley debe pasar por cuatro debates en el Congreso de la República.
Afirmó que la discusión de esta propuesta legislativa para nada retrasará la tan esperada subasta de espectro de 700 MHz, necesaria para mejorar y masificar la penetración de conexiones 4G en el país. “A diferencia de lo que muchos dicen, (la subasta) no ha sido aplazada (para 2018). Está funcionando dentro de los términos inicialmente mencionados, con retrasos normales, que son los que se resultan de haber recibido más de 150 comentarios y estudiar cada uno en detalle para tomar posición sobre ellos. La subasta sigue adelante”, concluyó Luna. (Lea: ¿En qué va la subasta que permitirá que las llamadas e internet móvil funcionen mejor?).
