Medio: Opinión
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Durante el primer semestre de 2017 (enero a junio), el Observatorio Boliviano de Derechos Humanos, de la Fundación Nueva Democracia, registró 18 casos de restricciones a la libertad de expresión y de información. La gestión pasada, durante los 12 meses de 2016, se monitorearon 54 incidentes.
“Lamentablemente, este escenario adverso y deteriorado se ha mantenido durante el primer semestre del año 2017”, señala parte de este informe.
El informe de esta organización no gubernamental de Derechos Humanos carece de seriedad y de institucionalidad. Son ONG financiadas por USAID y capitales internacionales que tienen un cierto interés de mostrar una imagen de vulneración de derechos humanos en el país, algo que no existe, afirmó por su parte la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sonia Silvia Brito Sandoval.
La asambleísta agregó que habría que comparar este reporte con el informe oficial que presentan los Estados ante las Naciones Unidas, que es oficial.
El reporte del Observatorio agrega que en Bolivia son frecuentes las agresiones a los medios de comunicación y periodistas que son incómodos o críticos con la política dominante, “y se ha llegado a ejercer presión de manera impositiva y mediante la denominada asfixia económica (negativa de asignar propaganda política gubernamental y publicidad de las empresas estatales), para moldear la línea editorial de los medios de comunicación o, en su defecto, forzar el despido de su fuente laboral a diferentes periodistas”.
Al respecto, Brito afirmó que en el país se vive una democracia “donde hay absoluta libertad de expresión, porque cualquier persona se da el lujo de decir lo que piensa y quiere, sobre el Gobierno, los ministros y otras autoridades, sin tener el menor respaldo”.
La Fundación subraya que este eje temático es el que más preocupa porque repercute en la calidad de la democracia en el país.
151 CASOS Durante el primer semestre de 2017 (enero a junio), el Observatorio Boliviano de Derechos Humanos registró un total de 151 casos de vulneración a los derechos humanos “que encajan” dentro de los siguientes ejes temáticos: Persecución judicial por motivaciones políticas, restricciones a la libertad de expresión y de prensa, discriminación política, violencia y acoso político contra la mujer.
Según este reporte, la persecución judicial es el eje temático con el mayor número de casos registrados en este semestre, representa el 70 por ciento del total (73) “destacando la persistencia de una serie de procesos judiciales que vienen enfrentando los principales líderes de los diversos partidos políticos que se caracterizan por ser críticos, de oposición o disidentes del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS)”.
En este eje temático, persecución judicial por motivaciones políticas, el reporte destaca que por “supuesto terrorismo” se registraron 38 casos de personas perseguidas, y los otros corresponden a personajes políticos y autoridades como el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, Carmelo Lens, Ernesto Suárez, Jorge Quiroga, Leopoldo Fernández y Eduardo Mérida.
Sobre este punto, la diputada Brito señaló que los opositores no son perseguidos políticos. “Si bien no se puede generalizar, hay personas que tienen cuentas pendientes con la justicia y deben dar la cara, pero se declaran perseguidos políticos, para no enfrentar sus procesos. Algunos se han escapado del país para no enfrentar a la Justicia, porque han cometido delitos”.
El 19 de marzo se informó que líderes de la oposición, como Jorge Quiroga, Rubén Costas, Ernesto Suárez, Samuel Doria Medina, Soledad Chapetón, Leopoldo Fernández, Luis Revilla y Félix Patzi, entre otros, enfrentan al menos dos procesos penales cada uno “iniciados por el gobierno de Evo Morales”.
La Fundación Nueva Democracia señaló que se debe añadir a este escenario la actual crisis del sistema judicial con su consecuente pérdida de confianza por parte de la ciudadanía.
Este conflicto, según este diagnóstico, se pretendió solucionar en las pasadas elecciones judiciales (16 de octubre de 2011), sin embargo, “las mismas fueron muy cuestionadas desde un principio y lejos de fortalecer la institucionalización e independencia del Órgano Judicial, ahondaron su decadencia”.
Los casos anteriormente expuestos, ponen de manifiesto que en Bolivia se ha instrumentalizado la justicia para perseguir judicialmente a aquellas personas que de alguna manera son discordes y críticas con la política dominante.
AVANCES “Los derechos humanos en el país se respetan. La evaluación que hacemos de una década es que hubo avances porque se ha disminuido la pobreza y se ha logrado la inclusión de la mayoría, señaló la diputada Brito.
Agregó que existe actualmente una democracia participativa, en la que mujeres e indígenas, antes sectores vulnerables, están ahora en espacios de toma de decisiones.
No obstante, admitió que hay temas pendientes, más estructurales, que todavía generan estos niveles de vulneración de los derechos humanos, pero no solo en el Gobierno central, sino también en el Órgano Judicial, gobernaciones y la Policía, entre algunos.
“Hay niveles de responsabilidad en el país respecto a los derechos humanos, que tiene que ver tanto con los gobiernos departamentales y municipales y no necesariamente solo el nivel nacional”, concluyó.
Apuntes
Sin sentencia
El Observatorio Boliviano de Derechos Humanos destacó, el 10 de enero de 2017, que según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, en el país, a noviembre de 2016 se tenía que de 15.831 personas recluidas en las cárceles del país, el 68.4 por ciento (10.841) se encontraba sin sentencia.
Ejecutoriados
Los privados de libertad con sentencia ejecutoriada son 4.990, lo que equivale a un 31.6 por ciento
Discriminación política y mujer
En cuanto a la discriminación política, el Observatorio Boliviano de Derechos Humanos registró 10 casos en el primer semestre de 2017, “esto muy a pesar de que la Constitución Política de Estado adopta para nuestro Gobierno el modelo de la democracia republicana, en el que en teoría debería prevalecer la tolerancia, el respeto, la libre circulación de ideas y la resolución pacífica de los conflictos”.
En cuanto a la violencia y acoso contra la mujer se analizaron ocho casos. Se destacan, según este reporte, el de las concejalas Erinia Villca y Elizabeth Ureña del municipio de Tapacarí (Cochabamba), quienes denunciaron haber sido víctimas de una brutal golpiza de parte del presidente del Concejo Municipal, en presencia del propio Alcalde que amenazaba con violarlas. Luego fueron abandonadas en un río.
“Lamentablemente, en Bolivia todavía son frecuentes los casos de acoso a la mujer en ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la administración pública”.
