Medio: La Tercera
Reportero: Valentina De Solminihac
Proyectos en el Congreso obligan a tramitarlas ambientalmente.
Preocupación existe en la industria de telecomunicaciones por dos proyectos de ley que se discuten en el Congreso. Uno de ellos, es una normativa que exige tramitar un estudio de impacto ambiental antes de construir una antena de telefonía móvil. A esa iniciativa se suma una moción que busca modificar la ley de estas instalaciones.
Operadores advierten que estos proyectos podrían retrasar la construcción de antenas, vitales para la creciente demanda de conectividad.
Según el informe “Infraestructura crítica para el desarrollo”, de la Cámara Chilena de la Construcción, entre 2016 y 2025 el sector de telecomunicaciones necesitará una inversión en infraestructura de US$ 26.346 millones, que contempla tanto conexiones de fibra óptica como accesos para bandas fijas y móviles.
Inversión que para el presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (Acti), Raúl Ciudad, parece imposible de lograr con los proyectos en tramitación. “Con la legislación actual, aprobar una antena demora alrededor de 24 meses. Con proyectos que ponen trabas a la construcción de infraestructura, podría demorar hasta tres años más, lo que hace inviable la construcción de antenas, generando un eventual colapso”, advierte.
Opinión similar tiene Guillermo Pickering, presidente de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo). “Pedimos seriedad a la hora de discutir estos proyectos, que son una amenaza para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país”, plantea.
Las últimas cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones muestran que a junio, los accesos 4G totalizaron cuatro millones de conexiones, un alza de 266% en 12 meses.
Desde American Tower (ATC), firma constructora de antenas de telecomunicaciones, mencionan que a octubre habían 26 millones de abonados a telefonía móvil. “Una normativa que simplifique el despliegue de infraestructura es necesaria para acelerar la llegada de nuevas tecnologías”, dice Rodrigo Jiménez, vocero de ATC para A. Latina.
Para el subsecretario de telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, “es importante buscar un equilibrio entre la necesidad de la industria y la comunidad. La gente no quiere tener cerca una antena, porque se cree que puede producir daño a la salud del medio ambiente y de las personas”.
Argumento que no comparten en SGA, consultora en gestión ambiental. “No hay evidencia de que las antenas de telecomunicaciones generen daño”, asegura el especialista Fredy Merino.
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