Medio: iProfesional
Reportero: Andrea Catalano
El objetivo es poner la iniciativa a disposición de los actores que participaron de las consultas de 2016. Entre los temas a discutir se destacan los servicios “Over the Top” (como WhatsApp o Netflix), medios públicos y contenidos. Y se reeditará el “superclásico” entre Telefónica y Clarín
El anteproyecto de ley de telecomunicaciones convergentes volvió a ganar tiempo. En esta oportunidad, otros 180 días, para ponerlo nuevamente a consideración de los actores que estuvieron participando de la ronda de consultas que se realizó el año pasado.
Ese proceso culminará a finales de septiembre, y por ahora, se prevé que en el último trimestre del año vuelva al Ministerio de Comunicaciones, y ahí se verá cómo seguirá la historia.
Así se estableció mediante la resolución 601 del Ministerio publicada este jueves en el Boletín Oficial. Allí se indicó que “se dispone de un nuevoperíodo de consulta por 180 días sobre los documentos preliminares que conformarán el anteproyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes N° 26.522 y 27.078, es decir, las normas conocidas como “Ley de medios” y “Argentina Digital“, respectivamente.
Entre los fundamentos de tal decisión se expresó que las “78 organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos y ciudadanos” que participaron de las rondas de consulta “solicitaron la apertura de nuevas rondas de consultas que garantizarán la más absoluta apertura del proceso destinado a su aprobación”.
Esta postura también era compartida por algunos de los redactores de la comisión, que ya finalizó su trabajo y que está conformado por más de 1.600 fojas que contienen los debates y consultas participativas que habilitó el proceso.
“En las distintas rondas las organizaciones pidieron ver lo que se escribió. Es una ley muy extensa, donde se abordan los medios públicos, la convergencia de las redes, los OTT (over the top), la cuota de pantalla, entre otras cosas”, dijo a iProfesional, Silvana Giudice, quien estuvo a cargo de la coordinación de la comisión redactora y, ahora, volverá a estar al frente del nuevo proceso consultivo que se habilita a partir de ahora.
Para la funcionaria, es necesario que los actores que formaron parte de las diversas discusiones que se realizaron en distintas universidades nacionales y otros espacios de debate conozcan los documentos que se elaboraron.
Lo cierto es que, con esta nueva prórroga, la tercera desde que se puso en marcha la comisión, en marzo de 2016, resulta difícil pensar que durante este 2017 vaya a haber nueva ley de telecomunicaciones convergentes.
La perspectiva inicial era que el anteproyecto ingresara como proyecto de ley en la primera mitad de este año.
Sin embargo, el nuevo proceso de consulta se extenderá hasta finales de septiembre. Y el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, resolverá en ese entonces cómo seguirá el proceso.
Serán tiempos absolutamente políticos para la Argentina, con las elecciones legislativas en ciernes y un panorama que, por ahora, se avizora con alta complejidad.
“Los avances de la redacción deberían haberse conocido en paralelo a las consultas que se iban realizando. Durante todo este tiempo, el corazón del proyecto estuvo en desconocimiento de los actores que participaron de las rondas, y también de los que no lo hicieron. Lo concreto es que, pasado un año, no hay nada de conocimiento público”, explicó a iProfesional Ana Bizbergé, docente de la carrera de políticas y planificación de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En abril del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al gobierno nacional y a organismos de la sociedad civil vinculados al kirchnerismo para discutir sobre los cambios que había introducido la administración macrista a la ley 26.522 a través del decreto 267.
Ese encuentro fue solicitado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que fue representado por el periodista Horacio Vertbisky y Damián Loreti (autor del proyecto original de la ley de medios).
La entidad cuestionó que la política que se había encarado en materia de telecomunicaciones estaba habilitando una mayor concentración en vez de limitarla.
La delegación oficial, en tanto, señaló que las medidas que se estaban tomando en materia de DNU y resoluciones serían transitorias hasta tanto se avanzara en un nuevo marco regulatorio.
Normas vigentes y discusiones polémicas
Lo cierto es que, mientras se encare la nueva convocatoria a la futura ronda de consultas, el sector de las telecomunicaciones continuará siendoregido por los decretos 267/2015 y 1340/2016 y sus reglamentaciones y resoluciones posteriores.
Ambos introdujeron modificaciones a las leyes de medios y ArgentinaDigital y se supone que la redacción de la nueva norma contendría todos los aspectos abordados en estas normas, además de aspectos nuevos, como el de OTT, tal vez uno de los puntos más polémicos a discutir y regular.
Sucede que en este segmento entran servicios tan dispares como un mensajero como Whatsapp o Telegram, o proveedores de entretenimiento como Netflix o Spotify, entre otras alternativas que habilita el mundo digital.
Regular estos servicios, que son utilizados por una gran parte de la población, presenta uno de los grandes desafíos de la norma si es que, finalmente, queda incluido algún capítulo al respecto.
Dentro de la misma comisión no siempre parece haber existido consenso sobre estos temas, como tampoco aquellos relacionados con el reordenamiento impositivo.
Desde que todas las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones, sin importar su tecnología, son prestadoras TIC todas deberían aportar al Fondo de Servicio Universal (FSU). Sin embargo, eso aún no se ha terminado de resolver.
Es que, según sea una empresa telefónica o un cableoperador o un prestador similar, todos pagan tributos por distintos conceptos, desde el servicio universal hasta el canon audiovisual pasando por una variedad de impuestos relacionados con la actividad de manera directa o indirecta.
Las posturas sobre cómo encarar la reforma impositiva también habrían sido de difícil resolución dentro del ámbito de la comisión.
El sector de las telecomunicaciones en la Argentina alcanza a los 41 millones de habitantes, de uno u otro modo: por banda ancha, por telefonía móvil, por televisión. La convergencia abordará a los ciudadanos desde todos estos servicios de manera conjunta más las prestaciones que se desarrollan sobre esa infraestructura.
De ahí la importancia de tener una normativa flexible y acorde a los tiempos que corren. Para que los usuarios cuenten con servicios de calidad y a precios razonables.
Todo esto se deberá resolver sobre un mercado que mueve $37.000 millones al año equivalentes al 4,5% del PBI. Se trata de un sectordinámico en término de inversiones por cuanto la demanda de los usuarios sobre los servicios es constante.
Y también deberá resolverse en un escenario en donde se enfrentangigantes del sector, con diversos intereses. Telefónica y Clarín son los principales animadores de las polémicas de la industria.
Pero eso no deja de lado al resto de los jugadores. Por un lado, la avanzada del fondo Fintech, que tomará en los próximos meses el control total de Telecom, mientras mantendrá su participación minoritaria en Cablevisión.
En segundo lugar, el interés de otros grandes jugadores –como Claro por la televisión paga– y las incesantes especulaciones sobre compra de cableoperadores.
Además, la intención de los jugadores pequeños por ser parte también de la telefonía móvil y la convergencia ponen pimienta constante al sector.
Si a esto debe sumarse producción de contenidos, cuota de pantalla, medios públicos, y tantos otros aspectos, se advierte la complejidad del mercado que, una vez más, tiene alcance directo sobre los argentinos.
Un panorama de alta complejidad el que presenta el mercado argentino y el que debe tratar la ley. En un marco, donde la Argentina está rezagada en materia de inversión de telecomunicaciones y, por ende, de calidad de servicio, tal como lo admite el mismo ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
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