LA RED COMPARTIDA, EN VILO POR LA DESCALIFICACIÓN DE RIVADA NETWORKS

La Red Compartida abre un nuevo capítulo en su escabrosa historia.

Las Red Compartida de México, el proyecto medular del sexenio en telecomunicaciones para llevar mayor cobertura y capacidad de servicios móviles, sociales y de seguridad a todos los mexicanos y al mismo gobierno federal, entró en un nuevo capítulo con la descalificación del consorcio postor encabezado por la firma irlandesa Rivada Networks.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia rectora de este proyecto valuado en cerca de 7,500 millones de dólares y que ya sufrió a una serie de ajustes en 2015 entre su alcance de cobertura y planes de inversión, descalificó esta mañana a Rivada por no haber presentado los documentos que avalan su garantía de seriedad por 1,000 millones de pesos necesarios para seguir en el consorcio y conforme lo establecido en las bases de la licitación.

 

La propuesta de Rivada se dictaminó como no solvente, al haber incurrido en una causa de descalificación, ya que no presentó la garantía de seriedad en los términos establecidos en dichas bases. La garantía de seriedad se debió entregar en el Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas el pasado 20 de octubre de 2016”, dijo la SCT.

Rivada Networks informó que impugnará la decisión de la Secretaría de Comunicaciones, y de inmediato su director general, Declan Ganley, acusó al gobierno mexicano de haber favorecido al otro consorcio participante por la Red Compartida.

“Hacer una oferta por la Red Compartida en México ha sido un reto… Rivada Networks está seriamente preocupada por este proceso, que ha favorecido a un ganador previamente seleccionado”, escribió Declan Ganley.

“Rivada recibió la noticia de que ha sido descalificada de la licitación para el proyecto de la Red Compartida, un hito de México. Rivada ha cumplido con todos los requisitos que puso delante de nosotros el gobierno mexicano, a pesar del hecho de que el gobierno modificó varias veces el proceso”, afirmó Rivada Networks en un comunicado oficial.

“Nos reservamos esta decisión para los tribunales. El pueblo mexicano merece una verdadera competencia por esta importante iniciativa, no una coronación de un vencedor preseleccionado. Sólo el consorcio de Rivada asegura una red verdaderamente neutral, libre de la influencia de los operadores tradicionales en México, como exige la Constitución y como el gobierno afirma que quiere”, añadió la empresa.

La descalificación de Rivada Networks, que desde febrero pasado se decía ganadora del concurso por su capacidad financiera y experiencia en la gestión de redes, perfila que el proceso de licitación pueda sufrir un nuevo retraso con la impugnación de Rivada ante la Secretaría de la Función Pública, dependencia que tiene la facultad legal para frenar el proceso en tanto se resuelve la demanda de Rivada.

“La decisión de la SCT se puede impugnar. Eso significa que Rivada puede ir a la Secretaría de la Función Pública para presentar su inconformidad. Este hecho abre un capítulo difícil, porque la SFP dentro de sus facultades, cuando hay un proceso de esta naturaleza y una impugnación, puede suspender el procedimiento en tanto se resuelva y entonces la SCT no podría seguir con la licitación con el único grupo y entonces se retrasaría más el proceso y todo termina por generar más incertidumbre sobre el destino final de este proyecto”, comentó Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones del despacho Ouraboros.

El proyecto de la Red Compartida nació polémico. Lleva 21 meses de retraso con respecto al mandato constitucional de que debería estar operando a más tardar el 31 de diciembre del año 2014.

Su cobertura y plan de inversión se ajustó en una ocasión. En mayo de 2015, la Secretaría de Comunicaciones redefinió la potencia de su cobertura de casi 20,000 a 12,000 radiobases y de 10,000 millones dólares a entre 7,000 y 7,500 millones la cifra de inversión y durante diez años para el consorcio que logre hacerse con este contrato.

El ajuste fue criticado por analistas y actores de la industria. Algunos de ellos solicitaron una redefinición del proyecto con modificaciones en la reforma constitucional que pudieran hacerlo más viable y atractivo para los inversionistas.

Dependencias del gobierno, lideradas por la SCT, han argumentado que la red cubrirá cuando menos el 92% del territorio nacional, al 98% de los mexicanos; bajará 50% los precios mayoristas, hará realidad la intención de la reforma de que el 70% de los hogares del país cuenten con un servicio de Internet de banda ancha y también, que las tarifas disminuyan hasta en un 45% para después del año 2018, en comparación con el año 2015, y cuando se preveía que este proyecto comience sus operaciones.

“(La descalificación de Rivada) es un nuevo problema en el tema de la transparencia por parte del gobierno federal. Esperemos que lo superen”, refirió Salomón Padilla, abogado especialista en telecomunicaciones, que ha venido cuestionando la viabilidad de la Red Compartida.

“A pesar de la expectativa que generó Rivada, se confirma que los proyectos de redes de telecomunicaciones son intensivos en capital y que requieren inversiones constantes. Si no logró reunir la garantía de seriedad es porque los inversionistas no confiaron en el proyecto ni lograron conformar un modelo de negocio”, planteó Jorge Bravo, director editorial en la agencia Mediatelecom, respecto a los obstáculos que ha enfrentado el proyecto en materia financiera y como resultado de un complejo entorno económico en México.

En vilo queda la realización a tiempo de la Red Compartida conforme a los nuevos plazos establecidos. La SCT descalificó a Rivada Networks, pero la empresa puede impugnar y atrasar el camino del proyecto a buen puerto.

El siguiente plazo fatal será el 17 de noviembre, cuando el calendario dicta que la SCT anunciará al ganador definitivo del proyecto, pero la duda aún planea sobre esa fecha. El consorcio Altan, integrado entre otros por Axtel y Megacable, ha quedado como el único postor calificado en la licitación.

En los siguientes días tocará a demostrar a Rivada que sí presentó conforme las bases su garantía de seriedad y a la Secretaría de Comunicaciones demostrar que no fue así.

“La impugnación es el tema. Esto no es una carta de crédito, se trata de que debe ser un depósito en firme”, platicó Ramiro Tovar Landa, analista en telecomunicaciones del ITAM. “La materia de disputa será sobre si hubo o no garantía. Rivada dice sí; la autoridad, que no. El futuro de la red está en vilo y desde antes”.