Medio: Telesemana
Reportero: Javier Morales Fhon
El robo de celulares se encuentra entre los delitos más comunes en los países de América Latina y forma parte de una mafia internacional que según Interpol mueve en promedio 550.000 dólares diarios a través de las fronteras de Latinoamérica. La estructura está formada por cinco componentes: el ladrón, el técnico, el contrabandista, el vendedor y el cliente.
Existen diferentes motivaciones para robar un celular como su reventa, el desmantelamiento de sus partes, su uso para extorsiones y la utilización de los datos personales e información contenida en el equipo.
Un problema de tal magnitud requiere la participación no solo del ministerio a cargo de la seguridad interna y las fuerzas policiales, sino también de la Fiscalía, el Poder Judicial, los operadores de telecomunicaciones, el regulador y los ciudadanos. Además no basta con enfrentar la delincuencia interna sino también a nivel internacional.
La percepción de este mercado negro se remonta al 2001, cuando mediante la Resolución 128 en la XV reunión de CITEL se recomendó fomentar el desarrollo de bases de números seriales electrónicos negados a nivel nacional, subregional y regional.
Esto llevó a que los diferentes países adopten medidas bajo el soporte de una ley, mediante convenios internacionales —por ejemplo, la Comunidad Andina mediante Resolución 67 de la XVII Reunión CAATEL en 2003 y Resolución 786 de la XXVII Reunión CAATEL en 2013— o acuerdos entre el Estado y los operadores —ejemplo de ello es la campaña “Nos Importa” de la GSMA—.
En la actualidad, todos los países disponen de una lista en la que se registran los IMEI de los celulares reportados como robados, hurtados o perdidos, a fin de que los operadores los bloqueen (y los desbloqueen en caso los usuarios los reporten como recuperados).
En algunos países la base de datos de IMEI es administrada por cada operador —los cuales intercambian sus registros e informan al regulador cada cierto periodo—, mientras que en otros la administración está centralizada en el regulador o en un administrador tercerizado. A su vez, existen países que mantienen una cooperación con la GSMA, de modo que llevan dos registros: uno a nivel nacional y otro a nivel internacional. De esta manera, los IMEI registrados en la GSMA son bloqueados a nivel internacional, con el objetivo de que no se comercialicen celulares robados entre diferentes países.
Sin embargo, la clonación del IMEI permite que la mafia evada las listas negras ya que pueden cambiar el IMEI de los equipos bloqueados. Esto, sumado a que muchos ciudadanos no reportan ni denuncian el robo de sus equipos y la muy baja probabilidad de que un criminal sea sentenciado, no ha permitido la disminución de estos robos.
Debido a ello, algunos países han adoptado la estrategia de combatir dicha criminalidad a través de la creación de listas blancas o positivas, las cuales registran los IMEI que sí pueden comercializarse, evitando de esta manera el limbo de los IMEI no identificados.
Por supuesto, la lista blanca implica un trade-off, en tanto para hacerla posible se genera cierta restricción al comercio y a la libertad de elección del usuario, motivo por el cual la GSMA no apoya este tipo de medidas, sosteniendo que no hay evidencia de su eficacia. Lamentablemente, la alternativa que apoya la GSMA, las listas negras, tampoco se ha mostrado muy eficaz.
A continuación veremos cómo cada país ha intentado hacer frente a este problema, a fin de observar las características en común a todos ellos y sus rasgos distintivos.
La política regulatoria en América Latina
En el cuadro siguiente observamos la normativa relevante concerniente al registro de los celulares robados en los países de Sudamérica y México.
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