Medio: El Ciudadano
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado su Informe especial sobre su visita oficial a Chile, con el objeto de evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión en el país entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2016.El Informe, de 45 páginas, reconoce los avances notables en Chile desde el retorno a la democracia, aun cuando alerta de que persisten “normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado”. Las principales alertas y recomendaciones que contiene el informe son las siguientes:
Ejercicio del periodismo libre e independiente
La Relatoría Especial muestra su preocupación por la pervivencia de normas que permiten que periodistas puedan ser procesados y condenados penalmente por reportajes sobre funcionarios públicos o asuntos de interés público, y que se impulsen nuevas medidas para penalizar el ejercicio del periodismo y la denuncia de hechos de corrupción. En este apartado, las recomendaciones se centran en la derogación de los artículos 264 del Código Penal y 284 del Código de Justicia Militar que tipifican los delitos de amenazas y desacato, despenalizar la calumnia e injuria, y convertirlas en una acción de carácter civil así como fortalecer el derecho de periodistas y medios a la protección de las fuentes informativas.
Derecho de acceso a la información pública
Se alerta sobre el uso excesivo e ilegítimo de argumentos de seguridad nacional para restringir el acceso a la información pública así como la existencia de leyes de carácter secreto. Las recomendaciones principales se dirigen a eliminar las restricciones de acceso y a la publicidad de la normativa, cuyo texto permanece bajo secreto así como garantizar a los tribunales acceso a la información en manos del Estado que sea necesaria para cumplir con sus obligaciones de justicia y la derogación del artículo de la Ley 19.992 que dispone el secreto durante 50 años de los antecedentes de la Comisión Valech I. También se menciona la necesidad de promulgar leyes que protegen a informantes (whistleblowers) que denuncien irregularidades y violaciones sin represalias.
Pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación social
La CIDH destaca que Chile exhibe uno de los sistemas mediáticos con mayores índices de concentración de la propiedad de medios por lo que se resulta necesario implementar las normas aprobadas sobre transición a la televisión digital, publicidad en la propiedad de los medios públicos, reconocimiento del sector comunitario y asignación de publicidad oficial de forma plena, así como dotar a los medios públicos de financiamiento adecuado y de un mandato preciso vinculado a la difusión de contenidos e información de interés público.
Para garantizar el pluralismo se recomienda la realización de estudios sobre concentración en el sistema de medios. Capacitar y promover políticas a nivel de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, en relación con la prevención de las prácticas oligopólicas en los mercados de la comunicación y aplicar al control de adquisiciones y fusiones de medios con criterios de promoción de la diversidad y el pluralismo.
Respecto a la discriminación y obstáculos que encuentran las radios comunitarias, se propone revisar la Ley No. 20.433 sobre Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, modificar el artículo 36.b) de la Ley General de Telecomunicaciones que establece persecución penal a las emisoras sin autorización y formular una política integral de impulso al sector, que abarque de manera especial a los pueblos indígenas indígenas.
Internet y libertad de expresión
El Informe destaca como principal desafío de Chile la incorporación de un verdadero enfoque basado en los derechos humanos en el diseño, desarrollo e implementación de estas políticas, y alerta sobre los vacíos en cuestiones como la neutralidad de la red y los controles a la vigilancia estatal y privada de comunicaciones privadas.
Entre las recomendaciones se se orientan en una mayor atención hacia las comunidades excluidas y los grupos en situación de exclusión o discriminación así como establecer la participación equitativa de todos los actores relevantes para la gobernanza de Internet, fomentando la cooperación reforzada entre las autoridades, la academia, la sociedad civil, la comunidad técnica y el sector privado, en especial en Agenda Digital 20.
Protesta social
La Relatoría Especial advierte que Chile mantiene en su ordenamiento jurídico normas que permiten restricciones al derecho de reunión y libertad de expresión incompatibles con la Convención Americana y que subsisten prácticas y uso excesivo de la fuerza en el manejo de la protesta, que han afectado de manera particular. En este sentido se recomienda derogar el Decreto Supremo No.1086, revisar la normativa y protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad y garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad sean investigadas y juzgadas por organismos y cortes pertenecientes a la jurisdicción civil.
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