Medio :El Comercio
Reportero : Viviana Gálvez
Una de las cosas que causan mayor fastidio actualmente es quedarse sin señal en el celular. Cada vez los usuarios pedimos mayor rapidez en la conexión y mayores zonas donde haya señal. Y no somos pocos.
Solo en Lima Metropolitana, el 73,8% de los hogares tiene acceso a un teléfono con conexión a Internet; y la tendencia va en aumento, según cifras publicadas en junio por el regulador de las telecomunicaciones, Osiptel. El ingreso de nuevos operadores en el mercado genera expectativa sobre una mejora en la calidad del servicio y mayores ofertas, pero no se logrará si no hay suficientes antenas.
Sin embargo, el servicio de telecomunicaciones de Internet móvil enfrenta un gran obstáculo en el país: la dificultad que tienen las empresas de telecomunicaciones para instalar la infraestructura necesaria para brindar este tipo de servicios.
“Existe un atraso muy significativo en la instalación de antenas de telefonía móvil en el ámbito nacional y eso impacta directamente en la calidad del servicio, en la velocidad y hasta en la propia disponibilidad del mismo”, señala Juan Rivadeneyra, director de Asuntos Regulatorios de Claro.
“Solo una de las operadoras encuestadas tiene un déficit de 78 antenas entre Santa Anita y Ate; 54 antenas en San Juan de Lurigancho; 36 en La Molina y San Borja; y 30 en Chosica. Entre Miraflores y San Isidro la misma empresa señala tener todavía un déficit de 42 antenas y solo en Santiago de Surco uno de 54 antenas”, se destaca en el estudio elaborado por la asociación Contribuyentes por Respeto (CpR) sobre la conectividad de los distritos en Lima este y centro, y compartido en exclusiva con El Comercio.
La principal razón por la que no se puede proveer con la cantidad suficiente de infraestructura de telecomunicaciones son las barreras burocráticas que imponen las municipalidades.
Básicamente, los alcaldes se oponen a estas infraestructuras, pues los vecinos de los distritos las rechazan, explica Mario Zúñiga, director de investigaciones de CpR. Los posibles efectos en la salud, en el ornato y en el valor de los predios son algunas de las razones por las cuales los vecinos rechazan las antenas cerca de ellos. Esto ocasiona finalmente que las autoridades locales no quieran que haya antenas en sus distritos.
“Las antenas tienen que estar ahí donde hay demanda de servicio, y hoy en día los clientes y usuarios peruanos demandan mucho el servicio. […] No resulta correcto, entonces, afirmar que las antenas deben estar alejadas de las ciudades o solo deben ser instaladas en los parques”, explica Rivadeneyra.
La brecha de infraestructura en telecomunicaciones –telefonía móvil y banda ancha– asciende a US$27.036 millones, según la Asociación de Fomento para la Infraestructura Nacional (AFIN).
Barreras posteriores
Consciente de este problema, el Poder Ejecutivo promovió la autorización automática para la instalación de este tipo de infraestructura, procedimiento que entró en vigencia el año pasado. Así, basta con presentar un formulario para obtener el permiso; y la fiscalización se hace de manera posterior.
Sin embargo, el problema persiste. Las barreras ya no se imponen para obtener el permiso, sino que ahora están en la etapa de fiscalización.
Por ejemplo, puede que un distrito imponga hasta cinco sanciones por una misma antena o que multe a los vecinos por permitir que instalen antenas en su predio, indica Zúñiga.
Además, el Indecopi identificó, a partir de una investigación entre setiembre del 2015 y enero del 2016, que las principales barreras burocráticas impuestas por los municipios están vinculadas a la imposición de un plazo y un régimen de silencio administrativo negativo para los procedimientos de autorización de instalación de antenas y estaciones de radiocomunicación, pese a que solo correspondía la aprobación automática.
A medias
Pese a lo anterior, Zúñiga considera que ha habido mejoras, pues distritos como Miraflores y San Isidro, que antes eran reacios a la instalación de antenas, ahora tienen una actitud más abierta –se ubican a mitad del ránking elaborado por CpR–.
No obstante ello, el especialista advierte que se deberá evaluar si se trata de un cambio sostenido. Agrega que un buen referente es lo que suceda en época electoral, pues es entonces cuando las autoridades están más susceptibles a las demandas de sus electores. “Si no hay cambios de fondo, los incentivos perversos pueden volver a primar en época electoral”.
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