Medio: El Comercio
Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso exhorta al próximo gobierno a continuar verificación de titularidad en prepagos.
La facilidad con la que los delincuentes acceden a líneas móviles prepago, ya sea valiéndose de identidades falsas o aprovechando irregularidades al momento de tramitar los servicios ante los operadores, convierte a la extorsiónen un delito fácil de cometer.
En el 2015, la policía investigó 1.267 líneas móviles usadas para chantajes en el país. Estas se suman a las 119 extorsiones denunciadas en lo que va del año en el ámbito nacional.
Así lo informó ayer el general PNP José Luis Lavalle, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), durante la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso.
“Las líneas incriminadas fueron reportadas al Poder Judicial, que aprobó levantar el secreto de las telecomunicaciones al cabo de 30 días. Allí corroboramos que quienes aparecían como titulares de las líneas no lo eran, y se truncaba la investigación”, dijo Lavalle.
Algunos de esos casos involucran a la suboficial PNP Guisela Taboada, quien tiene más de 21 mil líneas a su nombre, sin haberlas tramitado. “En el 100% de extorsiones, los delincuentes usan celulares para sus amenazas”, indicó el oficial.
A la sesión también acudieron representantes del Reniec, de los ministerios de Transportes y del Interior, del Osiptel y de la Asociación para el Fomento a la Infraestructura Nacional (AFIN).
Para el congresista Renzo Reggiardo, presidente de la comisión, el reporte policial confirma la importancia de continuar con la validación de datos y el apagón telefónico de las líneas prepago sin propietario debidamente identificado. “Esperamos que el próximo gobierno empodere a los actores involucrados en la prevención de delitos”, dijo.
—Multas y aclaraciones—
Ángel Paz Cortés, gerente de Fiscalización del Osiptel, reveló que, en los últimos cinco años, dicho organismo multó con S/9’474.851 a Movistar, Claro y Entel Perú por incumplir procedimientos relacionados con la seguridad ciudadana. Entre ellos, no conservar los contratos de las líneas.
En representación de las operadoras, Juan Rivadeneyra, del Comité Legal y Regulatorio de la AFIN, aseveró que las compañías tienen toda la voluntad de colaborar con la seguridad del país. No obstante, estas cuestionan que el Reniec les cobre entre S/0,23 y S/1,90 por la verificación biométrica de la identidad de sus abonados, obligatoria por ley. “La verificación biométrica nos cuesta más que el chip, que está entre S/0,50 y S/1”, afirmó.
Leer nota original :
