Medio: El Salvador
Reportero: Vanessa Linares
Estudio de Cet.la dice que eliminar regulación a mercado minorista potenciaríael despliegue de infraestructura y la adquisición de mayores porciones de espectro.
Sin la regulación a minoristas, el mercado de telefonía móvil salvadoreño tendría incentivos para la inversión con fines sociales y económicamente deseables, concluye el estudio “Análisis de la regulación de los precios minoristas de telefonía móvil en El Salvador”, elaborado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la).
El documento indica que al establecer un sistema de precios máximos (valor por minuto), la regulación que ejerce la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) con la Ley de Telecomunicaciones en el mercado minorista de telefonía móvil, tiende a desincentivar la inversión para los fines sociales y económicos que persiguen las telecomunicaciones; entre ellas el despliegue de infraestructura y la adquisición de mayores porciones de espectro.
Así, se limita la capacidad para lograr mejores y mayores niveles de cobertura.
Además, indica, la regulación “no solo es inconveniente sino que resulta contrario a la legislación vigente entrar a regular y establecer un sistema de precios máximos respecto de servicios que no tienen la connotación de servicio público”.
Para el consultor Pablo Márquez, si bien la Ley y Reglamento da la potestad a la Siget para intervenir en tarifas y cargos básicos de telefonía (fija y móvil)- si se entiende “básico” como aquello que constituye un elemento fundamental para la provisión del servicio-, ésta facultad debe referirse a la interconexión y no a aquellos servicios que proveen un valor agregado al usuario, tales como la mensajería (SMS y MMS) y los planes de datos (internet).
“La determinación de reglas de tal naturaleza iría en desmedro del crecimiento e innovación en la economía digital”, sostiene el reporte.
La investigación reconoció que no solo ninguno de los cinco participantes del mercado tiene carácter dominante sino que, comparado a Centroamérica, El Salvador cuenta con precios competitivos al usuario final (en promedio por debajo de los topes máximos establecidos).
Por ello, el documento recomendó reformar el artículo 8 de la Ley “en el sentido de suprimir la alusión a la fijación de los precios máximos aplicables al servicio público de telefonía móvil”. Eliminar dicho canon permitiría materializar los objetivos como la libertad económica, el fomento a los diversos sectores productivos y la defensa del interés de los consumidores, señaló.
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