CIUDAD DE MÉXICO – Treinta y nueve periodistas fueron víctimas de homicidio, este año en todo el mundo, por hacer su labor, según un informe de Reporteros Sin Fronteras; casi un tercio de ellos –once reporteros– fueron asesinados en México.
Eso convierte al país en el segundo más mortífero a nivel global para ejercer el periodismo, después de Siria (que registró doce asesinatos de periodistas): una nueva muestra de la crisis de la libertad de expresión que se vive en este país.
“Los periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de los políticos sufren de manera casi sistemática amenazas, agresiones y pueden ser ejecutados a sangre fría”, indica el informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que elabora un balance anual de muertes de integrantes del gremio desde 1995.
Este mismo martes fue reportado también el homicidio de un reportero del estado de Veracruz, Gumaro Pérez, durante un festival navideño en el colegio de su hijo; no se ha esclarecido si el asesinato estaría directamente vinculado a la labor de Pérez, aunque este ya había reportado amenazas por su trabajo en el pasado.
RSF también recalca en su informe que la mayoría de los asesinatos acumulados en todo México, tanto de este año como de anteriores, siguen sin castigo. “La impunidad se explica por la corrupción generalizada que reina en el país, patente sobre todo a escala local, ámbito en el que los miembros del gobierno a veces están coludidos con los cárteles” de narcotráfico, señala el grupo.
Por ejemplo, no ha habido avances aparentes en el caso de Miroslava Breach, reportera del periódico La Jornada asesinada en marzo, ni en el de Javier Valdez, uno de los más destacados reporteros mexicanos dedicados a cubrir temas de narcotráfico y quien fue asesinado en mayo.
Tampoco se han reportado logros en las investigaciones de los homicidios de periodistas registrados el año pasado, como el de Pedro Tamayo, que incluso ya contaba con el presunto resguardo del Estado –un botón de pánico– como parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Comité para la Protección de Periodistas estima que sigue impune el homicidio de 35 de los 43 periodistas que estima han sido asesinados en el país desde 1992.
A la derecha, Alicia Blanco Beisa, la esposa de Pedro Tamayo Rosas, con su nieto Mateo, entonces de cinco meses de edad,
durante el funeral del reporteroen julio de 2016 Credit Daniel Berehulak para The New York Times
Sin embargo, el homicidio no es la única violencia que los periodistas mexicanos han enfrentado este año. La organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 también contabiliza por lo menos veintitrés reporteros desaparecidos. En un balance semestral, en agosto, dijo haber recibido reportes de 60 amenazas, 56 ataques físicos o al material de trabajo y de 67 actos de intimidación. La mayoría de estos fueron cometidos por funcionarios, de acuerdo con Artículo 19.
Este año también salió a la luz —en parte por un trabajo de The New York Times junto con los grupos de investigación especializados R3D y Citizen Lab— que algunos de los periodistas más críticos del gobierno o que destaparon casos muy sonados durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fueron espiados por un programa llamado Pegasus. Este interviene los teléfonos celulares –puede prender a distancia la cámara y el micrófono, así como revisar todos los contactos, correos y más– a partir de una liga adjunta en un mensaje. Los mexicanos afectados por el programa espía recibieron esa liga en mensajes alarmantes que, por ejemplo, pretendían tener información sobre un amorío que tenían sus parejas o sobre una emergencia familiar.
Pegasus, según el fabricante, NSO Group, es un programa que solo puede ser adquirido por gobiernos y que únicamente puede ser utilizado desde las computadoras y sistemas en los que se instaló.
