CIUDAD DE MÉXICO
La eliminación del cobro del servicio telefónico de larga distancia nacional que la reforma constitucional en telecomunicaciones ordenó a partir del 1 de enero del 2015, junto con la desaparición del cobro de roaming nacional como resultado de una mayor competencia, entre otros factores, propició que en menos de tres años México dejará de estar clasificado entre las naciones con las tarifas más caras y posicionarse como el país con los precios más bajos como porcentaje del ingreso per cápita.
En lo anterior coincidieron entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que calificó a la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión como “una historia de éxito, con resultados impresionantes”.
Asimismo la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) dio a conocer en su más reciente Índice de Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (IDI, por sus siglas en inglés) que en nuestro país, los costos de telefonía celular son 4.5 veces menor al promedio del continente americano y 6.5 veces menor al promedio de los precios en el mundo, medidos como porcentaje del ingreso nacional bruto per cápita.
De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el valor del mercado de larga distancia nacional en 2013 se calculó en 22.6 mil millones de pesos y ante un escenario conservador, la medida impuesta por la Ley representaría para los usuarios, en cálculos simples, ahorros netos por aproximadamente 14 por ciento respecto del año 2013.
Las estimaciones más recientes del IFT, indican que las tarifas al usuario final por el servicio móvil han acumulado una reducción de casi 43 por ciento, así como 40 por ciento el precio de las llamadas de larga distancia internacional en buena medida por los acuerdos de roaming internacional y su eliminación.
La reducción de tarifas de las telecomunicaciones ha tenido como efecto adicional, su contribución a contener el proceso inflacionario en la economía mexicana, ya que el sector ha encabezado la baja de precios.
Sin embargo, tal descenso no ha sido suficiente para que alrededor de 40 millones de mexicanos tuvieran acceso a los servicios de telecomunicaciones y se ha presentado el fenómeno de que este efecto positivo para la población haya comenzado a presionar los márgenes de los prestadores de servicios.
Por lo anterior, en una continuación del esfuerzo, el gobierno mexicano ha aportado bienes de la nación como es la banda de 700 megahertz para el desarrollo de una Red Compartida mayorista que promete llevar el servicio hasta zonas en las que en la actualidad se carece de infraestructura.
Además, está en marcha una estrategia, en busca de apoyar a los operadores en el despliegue, al menor costo, de nueva infraestructura, como es la renta en espacios de inmuebles públicos; la disponibilidad de 11 millones de postes del servicio eléctrico nacional y los derechos de vía en carreteras para abrir ductos.
