Las amenazas a la libertad de expresión en la era de Varela

Ocho intentos por limitar la libertad de expresión se han efectuado en los treinta y nueve meses de gobierno del presidente Juan Carlos Varela, según el recuento actualizado por La Estrella de Panamá .

Las propuestas han surgido desde distintas instancias estatales: Ejecutivo y Legislativo, y hasta de instituciones autónomas como el Tribunal Electoral.

La más reciente fue impulsada desde la administración de justicia, amparada bajo la ‘urgencia’ de tipificar las conductas delictivas derivadas del uso de sistemas informáticos.

Los gremios periodísticos, que con perspicacia identificaron las vulnerabilidades de la propuesta para la libertad de expresión, han declarado su férrea oposición y solicitaron su suspensión en la Asamblea Nacional de diputados, donde fue presentada el pasado 27 de septiembre, por el procurador encargado, Rolando Rodríguez.

Los gremios periodísticos se comprometieron a hacerle sus observaciones al proyecto cuando sea presentada la solicitud de suspensión del mismo en la Asamblea Nacional de diputados.

Ricaurte González, fiscal Segundo Especializado Contra la Delincuencia Organizada, indicó que el proyecto podría ser revisado; sin embargo, insistió en la necesidad de contar con una herramienta para penalizar el cibercrimen.

Mediante el uso de la ley, se ha intentado regular la discriminación y la violencia contra la mujer y las publicaciones sobre género.

Esta propuesta fue impulsada desde el Ministerio de Gobierno (Mingob), que entonces dirigía Milton Henríquez.

El borrador de la propuesta establecía multas de entre $1,000 y $3,000 por difundir mensajes sexistas, pro con cierta libertad en la interpretación de esos contenidos. Tras el rechazo de los gremios periodísticos, el Mingob desistió.

La intención de aprobar una ley para obligar a los medios a publicar gratuitamente mensajes derivados de instituciones estatales también fue visto como una amenaza a la libertad de prensa. El proyecto fue impulsado por Noriel Salerno. La Comisión de Comunicación y Transporte decidió no debatir la propuesta.

Otro proyecto que fue impulsado desde el Legislativo fue la intención de regular el ejercicio de la profesión del periodismo. El diputado oficialista Juan Moya fue el proponente. La iniciativa fue rechazada incluso por la Sociedad Interamericana de Prensa, que calificó el anteproyecto como discriminatorio y restrictivo a la libertad de prensa.

Desde el Órgano Ejecutivo también llegó otro intento de para quebrantar la libertad de expresión, cuando el Ministerio de Salud (Minsa) estableció responsabilidades a los medios para difundir de manera permanente mensajes sobre enfermedades de transmisión sexual.

La iniciativa establecía que los medios de comunicación social, públicos y privados, promoverían el derecho a la igualdad y cero discriminación de las personas con enfermedades de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Las organizaciones y la sociedad civil coordinarían con los medios de comunicación social para desarrollar y fortalecer el desarrollo de campañas masivas dirigidas a informar y sensibilizar, establecía la propuesta, que finalmente fue desechada después de conversación con el titular de la cartera de salud, Miguel Mayo.

En esta administración de gobierno también se presentó un proyecto para regular el contenido sexual en los clasificados de los periódicos y revistas.

El proyecto fue aprobado en 2017, sin embargo, no ha sido sancionado por el presidente.