Medio: iProfesional
Reportero: Andrea Catalano
El Partido Socialista presentó su proyecto de ley de comunicaciones convergentes debido a la “inacción del Gobierno” para avanzar en la discusión de esa norma, luego de un año de trabajo de la comisión redactora cuyo anteproyecto quedó cajoneado hasta después de las elecciones de octubre.
Inspirado en parte en la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el decreto 764/2000 y en la ley 27.078 Argentina Digital, el objetivo es cuestionar las modificaciones introducidas en el funcionamiento del mercado por parte del Gobierno actual a partir del decreto 267/2015 y las resoluciones y decretos posteriores que regulan hoy al sector.
Se trata de una iniciativa que aborda tanto los temas tradicionales de las telecomunicaciones como también los relacionados con las comunicaciones audiovisuales, además de internet y los servicios que surgen a partir de ella.
De entrada, el proyecto de ley considera a la telefonía móvil como servicio público y la equipara, de este modo, a la telefonía fija. En su artículo 2 el texto determina que “los servicios alcanzados por la presente ley son de interés público con la excepción de la prestación de telefonía fija y móvil, que se consideran servicio públicos”.
El texto, que lleva la firma de la diputada Alicia Ciciliani, del Partido Socialista, contó con el acompañamiento de Libres del Sur. De la redacción del texto participaron Guillermo Goldstein, abogado especializado en telecomunicaciones, Danilo Lujambio, del canal público de Santa Fe, Martín Becerra, investigador y docente de la Universidad de Quilmes, y Guillermo Mastrini, investigador especializado en políticas de medios masivos y derecho a la información.
A lo largo de cinco libros aborda los temas relativos a los alcances y definiciones de la norma, las cuestiones vinculadas con los servicios de comunicación audiovisual, abierta y paga, y aquellas prestaciones basadas en internet, referidas como servicios digitales.
También lo relacionado a las telecomunicaciones propiamente dichas, los impuestos que deben tributarse en cada caso y su distribución y, finalmente, los temas relativos a sanciones y disposiciones finales.
Toma varios postulados de la llamada “ley de medios”, básicamente, lo referido a posición dominante de los operadores. Y, tal como quedó expresado en ese texto -cuyo articulado específico quedó eliminado a partir del decreto 267- pide identificar a los actores del mercado con ese status, además de limitar la prestación de los servicios a un máximo de 35% de participación.
En los fundamentos, los redactores señalaron que con la se busca garantizar los principios sobre libertad de Expresión, acceso universal, diversidad cultura, pluralismo, federalismo y competencia. Por eso, entre sus objetivos se encuentra “prevenir y desalentar, mediante regulaciones “ex ante”, las prácticas monopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición dominante”.
“La idea es abrir el debate. Se trata de una primera versión de la ley que, se espera, cuente con el apoyo de la sociedad civil. Y, en base a los aportes que se reciban, se introducirán las modificaciones que se requieran”, explicó a iProfesional, Martín Becerra, uno de los colaboradores de la redacción de la norma, que ya fue presentado en Mesa de Entradas del Congreso.
El experto admitió que se trata de un “proyecto perfectible” por cuanto cualquier legislación que se pretenda realizar sobre temas convergentes necesariamente estará atado a cambios y a consideraciones constantes.
La iniciativa responde, además, a la intención de que el tema de las telecomunicaciones vuelva al debate. Especialmente porque, indicaron los impulsores del proyecto, los bloques mayoritarios del Congreso no han sido activos en la materia. “Y el Gobierno actúa por decreto“, agregó el investigador.
Entre las nuevas propuestas que trae el texto, además de considerar a la telefonía móvil como servicio público -aspecto que exaspera a las operadoras de telefonía móvil y que desde hace al menos seis años pretende modificarse a través de una ley, sin éxito– se plantea:
– Crear un “registro único” de servicios de comunicaciones convergentes a partir del cual se tramiten las distintas licencias y permisos exigidos por la norma. Aquí se incluirían a los prestadores de servicios de audio y/o video a demanda.
– Conformar un nuevo ente de control, llamado Ente Nacional de Comunicaciones Convergentes.
– Regular los servicios de televisión abierta y por cable, y de radio AM y FM, y los servicios audiovisuales por suscripción que utilicen tecnologías de internet (basadas en protocolo IP) para la distribución o el acceso a la televisión abierta.
– Proteger a las pyme del sector de comunicación audiovisual. Para ello condiciona a las dos empresas de telefonía básica a dar servicios de comunicación audiovisual por vínculo radioeléctrico, incluido el satelital, pero sí a hacerlo por vínculo físico, en etapas escalonadas según la cantidad de habitantes de la zona a alcanzar.
– Obligar a los prestadores de televisión paga a ofrecer un abono social para los sectores de menores ingresos.
– Garantizar que los proveedores televisión no lineal por suscripción (OTT) como Netflix incluyan al menos el 1% de su catálogo con contenidos de producción argentina durante los primeros cinco años de actividad, y luego de ese período, de 2%.
– Establecer gravámenes en términos similares a los que se cobran en la actualidad, que se distribuirán, AFIP mediante, de la siguiente manera:
o 15% a un fondo de producción de contenidos audiovisuales y digitales federales.
o 15%al Fondo de Mejoramiento de las Infraestructuras.
o 20% a Radio y Televisión Argentina (RTA).
o 15% al Ente Federal de Comunicaciones Convergentes.
o 5% a la Defensoría de Audiencias y Usuarios de Servicios Convergentes.
o 10% a proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de este tipo sin fines de lucro, de frontera, y pueblos originarios
o 15% al INCAA.
o 3% al Instituto Nacional de la Música.
o 2% al Instituto Nacional del Teatro.
El texto para su consulta está subido en la página web del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO).
Uno de los compromisos que asumió el Gobierno actual fue la redacción de una nueva ley de comunicaciones convergentes. Para ello, creó una comisión redactora dedicada a tal fin, coordinada por Silvana Giudici, que trabajó durante un año.Sin embargo, nunca se conoció ni el eventual texto general redactado ni los documentos que surgieron de las sucesivas rondas de consultas que se mantuvieron con los diversos actores que participaron de las mismas.
En principio, ese anteproyecto debía estar listo en marzo. En ese momento llegaría al Ministerio de Comunicaciones y, luego de obtener el visto bueno de la presidencia, se trasladaría su ingreso al Congreso. Pero nada de eso ocurrió.
El Ministerio decidió prorrogar por otros 180 días el período de consulta bajo el argumento de que se volvería a poner en consideración los textos elaborados a quienes participaron de las consultas del año pasado. Pero, en realidad, el objetivo fue no abrir un nuevo frente de conflicto en un año electoral. Menos cuando es objetivo de esa cartera acelerar inversiones en ese sector.
Así lo admitió este lunes el propio ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, durante las Jornadas de Internet de la Cámara de Empresas de Internet (CABASE) cuando afirmó que “quizás no querramos dar dar este debate en un año electoral. Hay cierta legislación que tiene que estar destinada a perdurar en el tiempo, que tiene que dar previsibilidad a los sectores económicos, que tiene que ser discutida en paz”.
Leer nota original:
