Medio: El Nuevo Día
Reportero: Gerardo E. Alvarado León
La Junta Reglamentadora solicita que estas antenas se tipifiquen como exclusiones categóricas, lo que eximiría a estas estructuras de toda evaluación ambiental
La instalación de torres de telecomunicaciones en la Isla sería prácticamente automática a solicitud de un proponente, si se acoge la recomendación de tipificar como exclusión categórica la construcción de estas estructuras.
El pasado 2 de mayo, la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres, le envió una carta a la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Tania Vázquez, con su petición, que al cierre de esta edición seguía bajo evaluación.
Tras conocer sobre el contenido de la misiva, diversas voces indicaron ayer que le pedirán audiencia a la JCA para expresar su rechazo a la propuesta. A su juicio, tipificar como exclusión categórica la construcción de las torres de telecomunicaciones no solo supone obviar el escrutinio ambiental correspondiente, sino que propiciaría la proliferación de estas estructuras, cuyos impactos sobre la salud son objeto de debate.
Por definición de la JCA, las exclusiones categóricas son aquellas acciones predecibles o rutinarias, que en el curso normal de su ejecución no tendrán un impacto ambiental significativo. Además, se consideran como tal las acciones remediativas, llevadas a cabo por cualquier agencia o entidad privada, dirigidas a la protección ambiental.
El propósito de las exclusiones categóricas, agrega la JCA, es que ciertas acciones puedan obtener una determinación de cumplimiento ambiental de forma automática, de modo que el proceso de planificación sea “ágil y eficiente”.
Al momento, hay más de 100 acciones listadas como exclusiones categóricas, que van desde dispensarios médicos, funerarias sin sala de embalsamar y salones de actividades en estructuras cerradas, hasta construcción de verjas en concreto, mejoras a instalaciones de pozos y fabricación de artículos de cuero. La JCA debe actualizar la lista –como mínimo– cada dos años o cuando lo estime pertinente.
Vázquez dijo que la carta de Torres llegó a su atención esta misma semana, y de inmediato fue referida a la Junta de Gobierno de la JCA, que determinará si acepta o no la petición “conforme lo establecen las leyes y reglamentos”.
Reforma de permisos
En su comunicación, Torres argumentó que su petición está atada a la recién firmada reforma de permisos, que viabiliza procesos expeditos de evaluación y adjudicación.
“Este razonamiento tiene un fundamento natural, pues se trata de instalaciones que toman forma a través de una construcción, que en el curso normal de su ejecución no tiene un impacto ambiental significativo”, reza la carta en poder de El Nuevo Día.
Cuestionada al respecto, dijo que la jurisdicción de la JRT “se limita” a la construcción de las torres, pues “el aspecto ambiental es un campo ocupado” por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés).
“Cuando te hablo de construcción, son los patios laterales, la altura y el radio de caída de la torre. Todo eso cubre un espacio, más o menos, de 900 pies cuadrados. Eso es lo que le estamos pidiendo a la JCA que incluya dentro de su definición de exclusión categórica”, señaló.
Según Torres, el proceso actual de evaluación y adjudicación de permisos para las torres de telecomunicaciones es “lento”, por lo que “requiere agilizarse”.
“Necesitamos aumentar los recursos tecnológicos que tenemos y mejorar la cobertura a través de la transmisión de los celulares, porque tenemos problemas de saturación. Tenemos comunidades aisladas, sin servicio de celular e internet, y esto va de la mano del plan de expansión y despliegue de banda ancha”, añadió como justificación.
La JRT tiene 1,040 torres registradas, cifra que no incluye “roof top”, ni el registro de antenas en techos “building”, dijo Torres. Según el Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas, en Puerto Rico hay 2,000 torres instaladas, con más de 20,000 antenas y platos de microondas.
Acceso
En opinión del portavoz del Frente, Wilson Rivera Ramos, la intención de la JRT es clara: eliminar la evaluación ambiental en torno a las torres de telecomunicaciones, a fin de permitir su ubicación hasta en áreas ecológicamente sensitivas.
“Eso dificultaría aún más el acceso que tenemos las comunidades a ser escuchadas y llevar a cabo nuestras luchas. El terreno que hemos ganado con nuestras luchas responde, precisamente, a que hemos podido demostrar la intención de ubicar torres en hábitats críticos. Son muchos los daños que producen estas torres, por lo que no podemos estar de acuerdo con su tipificación como exclusiones categóricas”, declaró.
Agregó que el Frente está listo para someterle a la JCA evidencia –“de suficientes casos”– de instalaciones de torres en las que ha habido problemas de remoción de terreno, destrucción de hábitats de aves en peligro de extinción y ubicación contraria a las disposiciones reglamentarias.
“Darle paso a lo que está pidiendo la JRT sería darle vía libre a la empresa privada para ubicar sus antenas donde quieran, y privarnos a nosotros de las defensas que hemos tenido hasta ahora”, reiteró Rivera Ramos.
En términos similares se expresó el abogado Pedro Saadé, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico, quien afirmó que de la carta de Torres no se desprende ninguna justificación “válida” para eliminar la evaluación ambiental de la construcción de las torres.
“En los últimos años, el escrutinio ambiental se ha convertido en más y más pro forma, por lo que los casos se aprueban con mucha rapidez. Ahora lo que quieren es eliminar ese requisito, cuando lo que deberían hacer es fortalecerlo”, dijo.
Saadé, quien ha sido representante legal de algunas comunidades en su lucha contra las torres, criticó a la JRT por convertirse en “portavoz y testaferro” de la industria e “ignorar” los reclamos ciudadanos.
“En los casos que he trabajado, no he visto ni una sola vez que la JRT objete una solicitud de permiso de construcción. Aquí la gente pasa una penuria tremenda con esas torres”, expuso, tras señalar que la carta de Torres es el ejemplo más reciente de la “premisa errónea” de la administración de Ricardo Rosselló, de darle celeridad a los permisos como justificación de desarrollo económico.
Precedente
Por su parte, la planificadora Ela Cruz planteó que, en 2013, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, en inglés) otorgó algo similar a una exclusión categórica (“blanket clearance letter”) para torres de telecomunicaciones, siempre y cuando se cumpliera con ciertos requisitos.
En 2015, la agencia federal le comunicó a la FCC que había revocado el “blanket clearance letter” a un proponente, por proveer información falsa sobre el predio donde ubicarían su torre. Al año siguiente, el USFWS rescindió del uso del mecanismo para estos proyectos.
“Este caso es evidencia de las serias fallas y falta de información clara y precisa que es ofrecida por los proponentes durante el proceso de evaluación de estas torres. Incluir este tipo de proyectos como exclusión categórica, priva a las organizaciones y agencias de poder hacer un análisis del posible impacto negativo que tenga no solo el espacio que ocupará la torre, sino los caminos y modificaciones que haya que realizar para poder construirla. La evaluación no se puede minimizar al espacio físico que ocupará la torre”, afirmó Cruz.
Entretanto, el cirujano pediátrico retirado Iván Figueroa Otero alertó sobre los posibles efectos a la salud de la contaminación electromagnética.
En 2012, recordó, la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que la exposición a microondas, específicamente las emitidas por teléfonos celulares, aumenta en un 40% la probabilidad de padecer tumores cerebrales.
Según el galeno, las microondas que emiten los celulares son las mismas que las de torres de telecomunicaciones.
Figueroa Otero reconoció, no obstante, que el estudio de la OMS y otros subsiguientes no son concluyentes o vinculantes, argumento que usa la industria –y las agencias– para defender su trabajo.
Precisamente, a estos señalamientos Torres respondió que las antenas son “no ionizantes”, por lo que su impacto a la salud es 5,000 veces menor que la transmisión de energía eléctrica.
“Estos issues de emisiones de radiación ya han sido atendidos por la FCC”, dijo la funcionaria.
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