Medio: El Economista
Reportero: ANTONIO LORENZO
Telefónica vive peligrosamente en Venezuela. Ante la amenaza del presidente Nicolás Maduro de emprender severas medidas contra el grupo español por su presunta implicación en las recientes revueltas populares, la compañía recurre al diálogo y la diplomacia. El discurso de Maduro del pasado jueves situaba a la multinacional en la picota, en el centro de una controversia ajena a las actuaciones del operador.
Sin embargo, en los últimos días, el grupo ha alejado del horizonte una hipotética expropiación de su negocio en Venezuela. Así, las relaciones entre la empresa y el Gobierno buscan la senda de la normalidad en un mercado que apenas representa el 0,8% de los ingresos de la teleco.
En su intervención pública, el presidente de la república acusó a Movistar de “sumarse a la convocatoria golpista contra el país”, motivo por el que anunció con vehemencia una investigación sobre el grupo español. Durante los últimos días, Telefónica ha intentado explicar la operativa del sistema de distribución masivo de mensajes cortos (SMS) a través de terceros. Precisamente en estos servicios reside el origen de la polémica: en los cientos de SMS que circularon -a través de la red del Movistar- y que alentaban las movilizaciones críticas con el régimen.
Pero en esos episodios, Telefónica intenta aclarar que ni gestionó ni tuvo conocimiento del contenido de los mensajes. Todo fue responsabilidad de los denominados agregadores de SMS, es decir, las plataformas que actúan como intermediarias entre las empresas de contenido o marcas y las telecos, a quienes contratan los paquetes de SMS a precios reducidos para su posterior difusión entre los usuarios por medio de los teléfonos móviles.
En esos casos, la actuación del operador de telefonía se limita a vender los servicios de mensajería a sus clientes corporativos. Así, abundan las entidades financieras que utilizan este sistema de comunicación para informar a los usuarios de sus promociones o de los movimientos de las tarjetas de crédito.
A modo de ejemplo, vendría a ser como culpar a los gestores de las autopistas de las infracciones que pudieran cometer los conductores que circulan por ellas. Los asuntos de las conversaciones que se realizan a través de los móviles no competen al operador, ni tampoco al fabricante de los dispositivos o a los suministradores de tecnología. Ante esa situación, Telefónica procura suavizar la tensión con la presidencia de Venezuela al tiempo que se esmera en recalcar el funcionamiento de la operativa comercial de los SMS que provocó la crisis entre la empresa y el Ejecutivo.
Vigilancia de los SMS
Por lo pronto, y para que no se repitan situaciones similares que pudieran agravar el conflicto, el operador vigila el uso abusivo de los SMS por parte de los clientes, limitando o bloqueando el servicio ante cualquier indicio de actuación fuera de lo normal. Y parecida función realiza Conatel, el supervisor venezolano de las telecos.
Años atrás, César Alierta, expresidente de Telefónica, ya despejaba cualquier implicación política relacionada con su compañía con una frase que aún se recuerda en la sede de la multinacional. “Telefónica sólo pertenece al partido de las telecomunicaciones”. La misma opinión la haría ahora suya el actual presidente, José María Álvarez-Pallete, quien centra sus preocupaciones en la reducción de la deuda, la mejora en la bolsa, el incremento el negocio orgánico de cada uno de los negocios del grupo y la satisfacción de los clientes y accionistas… Y también la normalización de las relaciones en Venezuela.
Leer nota original:
