La libertad de expresión tiene adversarios por todos lados. La intensa y abierta circulación de información de la que disponemos hoy en día contrasta con la intolerancia, el temor y el rechazo de quienes preferirían la opacidad o el control de los medios.
La verdad, cuando resulta incómoda, suscita represalias desde muy variados espacios en el entramado estatal. Todavía, lo mismo en partidos y gobiernos que en el poder judicial, se manifiestan intentos para impedir la circulación de informaciones molestas para algunos.
La semana pasada, la juez Sissi Anette Rodríguez Fernández consideró que un ciudadano no tiene derecho a exponer quejas en los medios de comunicación. Las denuncias sólo pueden publicarse si hay una resolución judicial, según esa juez que estudió en la Universidad Autónoma de Hidalgo.
A partir de esa apreciación el ciudadano Leonardo García Vázquez, que ha difundido el fraude del que él y otras personas fueron víctimas por parte de una empresa constructora de la que formaba parte un funcionario del gobierno de Hidalgo, quedó sujeto a proceso. Las consideraciones de la juez Rodríguez Fernández son un agravio a la libertad de expresión y al ejercicio del Derecho, además del castigo injusto que le imponen a un ciudadano que no hizo más que inconformarse con el mal trabajo de una constructora.
Desde hace casi tres años los vecinos del fraccionamiento Privada Esmeralda en el municipio de Zempoala, Hidalgo, denunciaron que no podían ocupar sus casas debido a fallas en el drenaje y a otros defectos en la infraestructura urbana. De esas irregularidades culpaban, entre otros, al subsecretario de Obras Públicas de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno. Ese funcionario autorizaba licencias de construcción para empresas en las que era accionista. Las obras en Privada Esmeralda las avaló como director responsable y en tal carácter acudió a una reunión con los vecinos en representación de la Constructora Sylma, propiedad de una hermana suya y de él mismo. Cuando todo eso ocurrió, Rico Moreno ya era subsecretario en el gobierno de Hidalgo. Las empresas constructoras en las que participa han recibido, según se ha informado, al menos 273 licencias para obras que fueron autorizadas por la dependencia a su cargo.
Los vecinos bloquearon la carretera México – Pachuca, presentaron denuncias ante el gobierno estatal y las hicieron públicas en medios de comunicación locales. Uno de los denunciantes fue Leonardo García Vázquez, cuya casa se inundó en varias ocasiones por defectos en la tubería del fraccionamiento. Las quejas de los vecinos aparecieron en El Independiente de Pachuca el 8 de noviembre y el 21 de diciembre de 2016. Luego, el 27 de julio de 2017, esa información fue publicada por el portal Animal político.
El nombre de Leonardo García solamente aparece en una de las notas del periódico hidalguense en donde no es el denunciante principal y no se menciona de manera correcta su segundo apellido. En esas declaraciones García Vázquez no se refiere directamente a la constructora. Sí lo hace, pero sólo relatando hechos que ya eran públicos, en un video que El Independiente colocó en su sitio web el 8 de noviembre.
Aunque las quejas fueron presentadas y difundidas por varios vecinos, la empresa Sylma denunció específicamente a García Vázquez por la vía penal, acusándolo de difamación. El pasado 11 de enero fue detenido en Ecatepec, Estado de México. Esposado, lo llevaron al CERESO de Actopan, en Hidalgo. El proceso quedó a cargo de la juez Rodríguez Fernández que le permitió al acusado seguir en libertad aunque tendrá que ir a firmar cada dos semanas.
El Código Penal de Hidalgo sanciona la difamación con prisión de tres meses a dos años así que ese ciudadano podría ser recluido tan sólo por ser uno de quienes denunció en medios de comunicación las deficiencias en el trabajo de una firma constructora. El conflicto de intereses en el que estaba involucrado el subsecretario de Obras que al mismo tiempo era copropietario de Sylma y otras constructoras propició ya su salida del gobierno de Hidalgo. La semana pasada se anunció que Marco Antonio Rico renunció a ese cargo en diciembre y que su desempeño es motivo de una indagación administrativa en el gobierno de Hidalgo. Esa renuncia sólo se difundió cuando las acusaciones contra García Vázquez habían sido noticia en diversos medios de la Ciudad de México. Es decir, Leonardo García está sujeto a proceso penal debido a que denunció hechos que han ocasionado la intervención del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.
Los motivos para dar curso a ese proceso resultan muy graves. En la audiencia que tuvo lugar la semana pasada la juez Sissi Anette Rodríguez Fernández dijo:
“Nos encontramos ante un delito que se consumó de manera instantánea desde el momento en que se trasmitió la información al reportero del diario El Independiente. Si consideraba que se había cometido un fraude en la forma en la que fueron construidas las casas, para esto está precisamente el fraude específico que se prevé en el capítulo de los delitos patrimoniales del Código Penal. Esto es, tendría que haber iniciado la acción correspondiente y presentar la querella, esto significa que no pueden las personas pretender hacerse justicia de propia mano utilizando de manera indebida a los medios de comunicación”.
La juez considera, entonces, que proporcionar información a un reportero constituye un delito. El delito, según esa funcionaria, no ocurrió cuando se publicó la nota periodística. El solo hecho de hablar con un periodista es motivo de sanción judicial, según la licenciada Rodríguez.
Las víctimas de un ilícito no pueden darlo a conocer en los medios, conforme al debatible razonamiento de la juez. La única opción que tienen es la vía judicial, específicamente de carácter penal.
Más aún, de acuerdo con esa postura, la exposición mediática de una denuncia es una forma de justicia. Cuando considera que quienes propagan una queja en los medios pretenden “hacerse justicia de propia mano”, la juez Rodríguez Fernández les asigna a los medios de comunicación un carácter de tribunal que no tienen ni deben tener. Peor aún, a quienes han padecido un fraude, como les sucedió a Leonardo García y sus vecinos, la difusión de ese problema no les repara de manera alguna el menoscabo que han sufrido en su patrimonio ni las molestias que han debido soportar. La idea de justicia que tiene la juez Rodríguez Fernández resulta bastante irregular.
El video de la audiencia, difundido por la periodista Denise Maerker en su noticiero en Televisa, muestra a la juez Rodríguez cuando define la ruta que, según ella, deben seguir los afectados por estafas como las que padecen los vecinos del Fraccionamiento Privada Esmeralda. Un asunto así, indica, sólo puede ser comunicado a algún medio cuando haya sentencia judicial firme: “El sujeto activo tendría que haber iniciado las acciones legales correspondientes y ya con una resolución que hubiera pronunciado una autoridad jurisdiccional, donde se reconocieran esas deficiencias de la constructora Sylma S.A. de C.V., entonces sí podría haber comunicado esa información a un medio de comunicación”.
Si el criterio de la multicitada juez se extendiera los mexicanos jamás nos hubiéramos enterado, por ejemplo, de los latrocinios atribuidos al exgobernador Javier Duarte y varios de sus colaboradores. Nunca habríamos tenido noticia de la empresa constructora que con tanta generosidad respaldó la adquisición de aquella casa blanca, tan tristemente célebre, en las Lomas de Chapultepec. Los ex gobernadores César Duarte, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández o Roberto Borge, entre otros, sin duda hubieran querido que las tesis de la licenciada hidalguense causaran jurisprudencia.
Es de esperarse que los despropósitos de la juez Rodríguez sean rectificados por el Poder Judicial. En la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura les debe sobresaltar cada muestra de ineptitud por parte de jueces locales, a veces con criterios excesivamente provincianos (en el peor sentido del término) pero sobre todo sustentados en apreciaciones profundamente conservadoras y autoritarias, como el caso aquí comentado.
El equipo de campaña de José Antonio Meade rectificó, pero el desplante de intolerancia que exhibió al amenazar a Animal Político y a uno de sus reporteros con una denuncia judicial muestra la irritación que suscita en el PRI la exhibición de errores de ese precandidato.
El 10 de enero ese portal de noticias publicó una información acerca de transferencias de la Secretaría de Desarrollo Social a varias universidades, entre 2015 y 2016. Esas asignaciones tuvieron irregularidades que son investigadas por la Auditoría Superior de la Federación. El encabezado de esa nota indicó “Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría”.
Drástico, ese titular era exacto porque las transferencias ocurrieron cuando Rosario Robles y José Antonio Meade fueron secretarios de Desarrollo Social. La oficina de la campaña del PRI reaccionó con una amenazante carta del vocero de Meade, Eduardo del Río. La campaña del PRI, después de dar la versión de Meade sobre esas transferencias, consideró que el ahora precandidato había sufrido “una injuria gratuita a su persona” y anunció: “se valorará emprender las acciones legales en contra del portal de noticias que publicó la nota y en contra del autor de la misma”.
Al día siguiente, 12 de enero, otro de los voceros de Meade, el ex senador panista Javier Lozano, difundió en un tuit una retractación al decir que ante falsedades e inexactitudes solicitarían derecho de réplica y no procederían por otra vía.
Medio: Cronica
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1061709.html
