Empresas de telefonía pagaron millonarios sobornos a políticos en Guatemala

Medio: El Faro
Reportero: Daniel Villatoro García

El exembajador de Guatemala en EE.UU. Julio Ligorría diseñó una estrategia que mezclaba política con negocios. Según la CICIG y el Ministerio Público, el exdiplomático asesoró a Telgua para que le pagara Q15 millones (un poco más dos millones de dólares) a empresas relacionadas con el exministro Alejandro Sinibaldi, para financiar la campaña electoral del PP de 2011, a cambio de neutralizar un conflicto con Tigo que les saldría caro. Fue el preámbulo de los $10 millones en sorbornos que recibió el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Se presentó como el futuro Canciller. Era apenas agosto de 2011 y Julio Ligorría Carballido ya acariciaba un futuro en el brazo diplomático del Partido Patriota (PP). Y aprovechó para acordar una reunión entre los tres líderes del partido que harían gobierno como un cártel: Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi Aparicio, y el presidente de la compañía madre de Telgua y Claro, el magnate mexicano Carlos Slim.

Las fotos en las que Slim abrazaba a Pérez y Baldetti se publicaron en Prensa Libre para enviar un mensaje claro: el futuro gobierno de Guatemala era un aliado de Telgua.

Según la investigación presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), el propósito de esta jugada era alertar a la competencia principal de Telgua en el mercado local: Tigo, propiedad del magnate guatemalteco Mario López.

Durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), el Ministerio de Comunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) resolvieron un conflicto que ambas empresas telefónicas arrastraban desde 1998. En dos resoluciones determinaron que Telgua debía pagarle a Tigo un reclamo valorado en US$400 millones, pero tenía el potencial de crecer a tal punto que México se vería obligado a demandar a Guatemala y recurrir a un arbitraje internacional.

Los detalles del reclamo no fueron especificados, y Tigo no se ha pronunciado al respecto.

Según el planteamiento del MP, Telgua intentó influir en las autoridades para desequilibrar la balanza de la justicia hacia su lado.

Julio Porras Zadik, entonces gerente de Telgua S.A., declaró que esta compañía intentó acercarse al presidente Colom y falló. “Busqué al presidente Álvaro Colom y a Gustavo Alejos, su influyente secretario privado, para hacerles ver la ilegalidad de dichas resoluciones”, declaró el ex responsable de operaciones de Telgua, tras un acuerdo de delación con el MP.

En su declaración, Porras Zadik explicó que platicaron con muchos: el embajador de México en Guatemala, Eduardo Ibarrola, y Martín Torrijos, el expresidente de Panamá, quien asesoraba a Colom. También recurrieron al abogado de Casa Presidencial, al entonces secretario interino de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS), que les pidió dinero a cambio de ayuda y al entonces Superintendente de Telecomunicaciones, Minor Samayoa, quien pidió que a cambio de su ayuda se le diera el negocio de tráfico internacional de minutos de teléfono “a través de una empresa de sus socios de Miami”.

Telgua entonces contrató a Ligorría, que les dijo que el caso era muy complicado y que “se podía resolver muy rápido o nunca”.

En el análisis de Ligorría había tres puntos. Primero, Telgua y su relación con México lo hacían lejano a Guatemala. Su gerente suele ser mexicano y no tenían un rostro político aquí. Segundo, Mario López (dueño de Tigo) era amigo de Álvaro Colom y Sandra Torres, hasta socio. Fue de sus principales financistas en 2008 y apoyaba la campaña de Torres. Tercero: Telgua no tenía opciones de defenderse (en el gobierno de Colom). López ya tiene en su bolsa a la presidencia y a las cortes.

“Tus abogados son abogados caqueros de cuello blanco, que solo sirven para registrar marcas…”, le dijo Ligorría al jefe de Telgua, según declaró ante la justicia. “La ley y las decisiones favorecerán siempre a Mario López. Con este gobierno (el de Colom) la tenés perdida”.

Porras Zadik fue condenado por este caso a tres años de prisión conmutables el pasado 29 de junio, por el delito de financiamiento electoral ilícito en un juicio exprés, y al pago de Q500 mil de multa (68 mil dólares) y la construcción de dos salas de vídeoconferencias.

La propuesta de Ligorría

Luego del panorama adverso que presentó a Telgua, Julio Ligorría llegó con una propuesta.

—Hay que apostarle al Partido Patriota

—¿Por qué?

—Porque es un partido con buena gente —respondió Ligorría, para luego dar con la lista de integrantes honorables.

La lista de buenos la integraban personas que años después serían perseguidos por diversos casos de corrupción: Pedro Muadi, señalado por sustraer fondos del Congreso cuando fue su presidente en 2013; Mauricio López Bonilla, acusado de recibir dinero del narcotráfico cuando fue Ministro de Gobernación; Alejandro Sinibaldi, perseguido por lavado de dinero y corrupción en el Ministerio de Comunicaciones.

—Y porque es muy probable que yo sea su Canciller —sentenció Ligorría, para añadir que era amigo y exsocio de López Bonilla, cercano a Sinibaldi.

El plan pretendía enviarle un mensaje a Mario López: Telgua está cercano al poder.

Y la estratagema incluía que a las arcas del Partido Patriota entrara más dinero. Un monto que, al menos, igualara el aporte que supuestamente Mario López ya había dado. Según Porras, Julio Ligorría le entregó un papel con varios nombres de sociedades anónimas que a la par tenían los montos que debía pagar. Porras Zadik ordenó al gerente financiero de Telgua que emitiera cheques a estas sociedades como apoyo al PP, pero en confidencial. Hubo un intercambio de cheques y facturas.

No tuvo que pasar ni siquiera un mes para que la estrategia funcionara, según la acusación. Luego de la publicación de la fotografía, personeros de Tigo contactaron a Ligorría para reunirse con Telgua, con el fin de llegar a un acuerdo. El 2 de septiembre de 2011 Julio Porras firmó un convenio con Tigo, en el que pactaron la transacción y el finiquito del litigio por US$400 millones.

Los operativos realizados el viernes por las fuerzas de seguridad para la detención de Ligorria fueron infructuosos. El exembajador no estaba en su residencia, en la zona 14 de la capital, y fue declarado prófugo de la justicia. El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, anunció una investigación en marcha en contra de Tigo y funcionarios del gobierno de Colom, pero no dio detalles.

Sinibaldi, prófugo desde el año pasado cuando estalló el caso Cooptación del Estado, en el que también está sindicado, sumó una segunda orden de captura. La CICIG y la Fiscalía pidieron al Ministerio de Gobernación integrar un equipo especial de búsqueda para ubicar y detener al casi centenar de personas sindicadas en los casos de corrupción destapados desde abril de 2015, que han huido de la justicia.

Entre los capturados por este caso se encuentran personas que trabajaron en las empresas a las que Telgua pagó. Arqco, la compañía de servicios de limpieza que Sinibaldi fundó; Imágenes e Impresos Urbanos, las empresas relacionadas con publicidad y medios; e Inversiones ASA y Seguridad ASA, en correspondencia con las siglas del exministro Alejandro Sinibaldi Aparicio.

Corrupción en el Micivi

El otro caso de corrupción develado el viernes por el MP y la CICIG, también tiene como protagonista a Alejandro Sinibaldi Aparicio. Se trata de una red criminal que operó en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del PP, que cobró millonarias comisiones a empresas constructoras a cambio de pagar las deudas que el Estado tenía con ellas.

La CICIG y el Ministerio Público presentaron los nombres de las empresas de cartón vinculadas al exministro de Comunicaciones. La investigación revela estas empresas recibieron más de US$10 millones en sobornos pagados por otras empresas a cambio de garantizar los pagos de deuda del ministerio de Comunicaciones y asegurar adjudicación de nuevos proyectos.

Estas constructoras pagaron a Sinibaldi a través de las sociedades anónimas ficticias Asfaltos de Guatemala S.A., Constructora Jireh, Compañía Constructora de Obras Civiles, entre otras. Algunos de los representantes o propietarios de estas constructoras fueron detenidos el viernes, otros citados a declarar y otros se encuentran pendientes de captura.

Las empresas de cartón creadas para recibir los pagos, según el MP y la CICIG, contaron a su vez con compañías espejo en Nicaragua que supuestamente fueron utilizadas, en parte, para blanquear dinero ilícito.

En la trama de personas relacionadas a Sinibaldi que fueron capturadas se encuentra su exasistente en el Ministerio, Anelise Mercedes Herrera, quien forma parte de las sociedades Mobiliario Urbano, Inversiones ASA y SummerHill Holdings. Esta última es una sociedad guatemalteca que tiene una réplica en Panamá y que forma parte de las implicadas en los PanamaPapers como parte de los clientes del bufete Mossack Fonseca, acusado de esconder transacciones ilícitas.

Herrera, la directora de Summerhill Holdings S.A, coincide en esta sociedad panameña con otro capturado el viernes, José Guillermo Yupe Ramírez, quien según el Registro Mercantil también forma parte de Gigantes Urbanos, Espectaculares Urbanos, Impresos Urbanos y Corporación Urbana.

“Sí, yo creé la empresa que compró los primeros terrenos en Zaragoza para Otto Pérez Molina”, admitió el contador José Guillermo Yupe al ser capturado. Según él, cuando Pérez asumió la presidencia, transfirió los bienes y mandatos a Victor Hugo Hernandez, testaferro de Pérez Molina y colaborador eficaz en el caso Cooptación del Estado.

“Me contactó un señor en el partido”, dijo Yupe, quien fue tesorero en el Tribunal de Honor del Partido Patriota, a través de la empresa Servicios Electrónicos S.A.

Según el Registro Mercantil, José Guillermo Yupe comparte mandatos en la sociedad anónima Media Airport System junto con otro de los capturados: René Felipe Cardona.

Cardona es uno de los presuntos testaferros del exministro y también tiene cargos en las sociedades Inversiones Napoleón, Agropecuaria Nápoles, Servicios Troya (que posee Impresos Urbanos), Grupo POR, Constructora Maya y Servicios Contables de auditoría. René Cardona fungió como contador de la empresa de limpieza y servicios ARQCO, la cual fue fundada por Alejandro Sinibaldi y forma parte del conglomerado que maneja junto con sus hermanos: Sincorp.

Según una investigación de Plaza Pública, en 2014 Cardona Pérez utilizó la Agropecuaria Nápoles para desarrollar un proyecto ganadero y ecoturística en una finca de 15 caballerías ubicada en la Reserva Natural de la Biósfera Maya. Aparte de la deforestación, los habitantes del lugar indicaban que Sinibaldi estaba detrás de este proyecto.